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Hace algunos días, el Ministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla señaló ante la prensa nacional que el Perú, a un ritmo de crecimiento sostenido de 6% anual, podría en el año 2021 convertirse en un país desarrollado. Esta es una buena noticia. Y es necesario alentarla. Pero debemos reflexionar un poco más sobre el significado de tal afirmación.
Ocurre que esta frase tiene un alto contenido simbólico. Se estaría diciendo al país que gracias a nuestro crecimiento, las condiciones de vida de los peruanos y peruanas serían mucho mejores de las que tenemos el día de hoy. Manifiesta además un alto grado de confianza en nuestra economía y, al parecer, también en la serie de mejoras conseguidas en diversos frentes que están permitiendo superar aquellas brechas que hace un par de décadas atrás eran enormes, como los altos índices de pobreza extrema y desnutrición crónica.
Sin embargo, hay temas sobre los cuales aun vale la pena profundizar respecto a esta visión al 2021. Por ejemplo, ¿qué se está entendiendo por desarrollo? O mejor, dicho, ¿qué está entendiendo el Ministro Castilla por desarrollo, y qué estaría entendiendo gran parte de la población nacional cuando una autoridad les dice que dentro de unos siete años aproximadamente, seremos un país desarrollado? Me gustaría detenerme un poco más al respecto a partir de la noción de derecho al desarrollo.
Ya desde hace varios años, desde la Organización de las Naciones Unidas se viene entendiendo la extrema pobreza como una negación de los derechos humanos de las personas. Es decir, la pobreza no estaría relacionada únicamente a carencias materiales, sino a una situación de anulación del ejercicio de derechos humanos. Como consecuencia, se empieza a hablar de pobreza humana en tanto ausencia de condiciones básicas de calidad de vida de la persona, lo que se traduce en un inadecuado acceso y ejercicio de derechos, como son el derecho a una vivienda saludable, a la alimentación, a la educación, a la salud, entre otros.
Siguiendo el esquema anterior, entonces, erradicar este tipo de pobreza humana implicará -además de generar condiciones materiales- garantizar por parte del Estado el ejercicio de los derechos humanos.
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