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La década que vio nacer el narcoterrorismo no fue de intensidad sostenida a partir del asesinato del ministro Lara. La indignación general dio origen a la primera guerra frente a los carteles. Los capos se refugiaron rápidamente en Panamá bajo el amparo del general Manuel Antonio Noriega, ‘hombre fuerte’ de ese país y antiguo cómplice del narcotráfico.
Desde el istmo los barones de la droga trataron de negociar con el Estado colombiano el cese de la persecución en una sonada reunión que se realizó en el Hotel Marriot, con presencia de un expresidente. El acuerdo, así hubiese encontrado aceptación doméstica, estaba condenado al veto norteamericano. Los operativos y persecuciones no pasaron de algunas escaramuzas mientras la indignación nacional bajaba de temperatura.
Pero desde la institucionalidad se señalaría un antecedente terrorífico: el acuerdo de extradición de nacionales a los Estados Unidos, firmado en 1979, hoja de ruta convertida en espada de Damocles de la violencia a partir de los ochenta. Este fue el único instrumento que encontraron las autoridades para amedrentar a los capos de la droga y fue el principal detonador de las más violentas reacciones: bombas, secuestros, masacres, magnicidios, sobornos e infiltración a todas las ramas del poder con su hálito de corrupción en un Estado históricamente débil.
Todo bajo la razón social del nuevo movimiento de Los Extraditables, quienes con su poder económico y su brazo militar se las arreglaron para convertir los ochenta en una década infernal.
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