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9 de agosto, 2018.- La tragedia ante la muerte de 10 personas fruto de una intoxicación masiva en el centro poblado de San José de Ushua, Ayacucho; despierta muchas interrogantes, pero si vamos un poco más allá, representa una larga historia de tragedias que se resumen en la inmensa grieta de desigualdad cultural, social y económica entre el mundo rural y urbano, producido en gran medida por la discriminación y racismo institucional, que debería hacernos reflexionar a propósito del día internacional de los pueblos indígenas y originarios.
La pregunta menos pertinente para este caso, es saber si el centro poblado de San José de Ushua, ubicado a más de 3 mil metros de altura y con 177 habitantes es un pueblo indígena y originario. La respuesta legal dependería de quien la enuncie, probablemente para el gobierno central no lo sea, puesto que no es una comunidad campesina reconocida formalmente y si lo fuera, tampoco eso aseguraría que sea un pueblo indígena originario. El Estado a través del ente rector en materia de pueblos indígenas acaba de aprobar el Decreto Legislativo N°-1360, que le otorga la competencia exclusiva a dicho sector para decidir quién es un pueblo indígena, lo que profundiza el problema de discriminación e identidad étnica.
Por otro lado, el centro poblado es la forma de organización del Estado para brindar servicios mínimos que ha ido superponiéndose a la esfera institucional de las comunidades campesinas reconocidas constitucionalmente con autonomía organizativa. Hoy muchas comunidades campesinas son también municipalidades de centros poblados, con alcalde y regidores, generando tensiones y confusión entre los pobladores que también son comuneros con sus autoridades. El Estado ha condicionado a las comunidades campesinas y nativas a constituir un centro poblado o distrito para brindar servicios mínimos, y en ese camino el Estado se convierte en el principal impulsor de debilitar la institución de las comunidades campesinas y nativas, pueblos indígenas.
Sin embargo, la verdadera tragedia tras los hechos de Ushua radica que tras la intoxicación de medio centenar de personas, el centro poblado solo contaba con una posta médica donde no hay médicos, ni medicamentos para atender una emergencia como esta; si esa situación hubiera ocurrido en cualquier ciudad probablemente se hubieran salvado todas las vidas. A los pobladores de Ushua también los mato la falta de atención médica inmediata, un derecho a la salud pública que lamentablemente el Estado no puede proporcionar en vísperas del bicentenario de la fundación de la república.
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