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pues crisis..
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Es un lugar común hablar de los años ochenta como la ‘década perdida’ para América Latina, según rezaban los informes de la CEPAL, porque hace algún tiempo veníamos experimentando la lenta crisis del modelo de industrialización vía sustitución de importaciones (ISI), lo cual era ampliamente conocido por economistas, desarrollistas y tecnócratas de la región. Lo que sucedió fue que desde 1974, aproximadamente, el capitalismo avanzado experimentó una profunda crisis que afectó la producción y el consumo a nivel mundial, lo cual, obviamente, perjudicó a las economías latinoamericanas. Para 1982, Ecuador y la región vivían una honda crisis económica que impactaría en el modelo de desarrollo hasta entonces aplicado, que ya se sentía caduco y había que superar, según decían las autoridades financieras de la época. La principal causa de la crisis de inicios de los 80 fue la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional, e inmediatamente después, “la elevación indiscriminada de las tasas de interés de su deuda externa y el simultáneo cese del flujo crediticio externo”.[1] El otro factor que pesó en la crisis de los ochenta fue la deuda externa, que había crecido en cantidades exorbitantes, de tal forma que, hacia finales de la década (1989), el país firmaba con el FMI una “carta de intención” donde se comprometía a reducir el 50% de la deuda externa, a cambio de recibir un crédito “stand-by” de 137millones de dólares.[2] En la década de los 80, la economía ecuatoriana deja de crecer y se retrae, produciéndose desequilibrios característicos de los ciclos depresivos, como inflación, desempleo y subocupación. El exrector de la Universidad Central, José Moncada Sánchez, sostenía que la manifestación más tangible de la crisis de inicios de los ochenta fue “la continua caída del valor internacional del sucre, que se inició el 3 de marzo de 1982, durante la gestión gubernamental de Osvaldo Hurtado, cuando se abandonó la paridad de 25 sucres por dólar”[3] -fenómeno conocido como “sucretización”- y el Estado se hizo cargo de la deuda externa que el sector privado mantenía con la banca internacional. Como vemos, la respuesta a semejante desajuste estructural por parte de los gobiernos de la década fue la implementación de “programas de estabilización” que buscaban recuperar los equilibrios macroeconómicos. Así, en el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) se libera el tipo de cambio y las tasas de interés, “y se entra definitivamente en un nuevo modelo de liberalización de la economía y de apertura al sector externo”.[4] Este nuevo modelo será el neoliberal, acogido sin reservas por la mayoría de los países de América Latina, en el contexto de la “crisis de la deuda” como también se llamó a este periodo de recesión continental, que coincidió con el auge de gobiernos conservadores en toda la región y el ascenso de la “nueva derecha”. A partir de este momento, se impusieron en nuestro país las políticas macroeconómicas de ajuste y estabilización financiera y monetaria, siguiendo las directrices del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los organismos internacionales de crédito que con sus “cartas de intención”, ponían condiciones a los gobiernos latinoamericanos para otorgar créditos y renegociar el monto de sus deudas externas.