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a consolidación de la democracia es todavía uno de los más enormes retos que afronta el Perú. El proceso electoral culminado este domingo nos recuerda con matices de urgencia esa tarea pendiente. La forma en que ha quedado distribuido el poder en el Congreso y en el Poder Ejecutivo no puede sino constituir un llamado de alerta a la ciudadanía.
Si bien hemos atravesado ya por cuatro elecciones presidenciales consecutivas desde el año 2001 ello no basta para decir que la democracia esté definitivamente asentada en el país. Dejando de lado la posibilidad de golpes de estado u otras formas de interrupción abrupta del estado de derecho, lo cierto es que hay muchas formas diversas de socavar un orden democrático desde el ejercicio del poder. Los resultados electorales nos colocan ante ese riesgo y nos obligan a observar críticamente el escenario en los próximos años.
En primer lugar, se debe considerar que la organización fujimorista que en estas elecciones compitió con el nombre de Fuerza Popular ha conquistado una amplia, diríase inédita, mayoría en el Poder Legislativo. Si se toma como medida referencial el pasado de tal organización, hay razones para la preocupación. Durante la década de 1990, el fujimorismo se comportó en el Congreso bajo el supuesto de que el tener mayoría le daba derecho a hacer su voluntad sin ninguna consideración ulterior. No se respetó los derechos de las minorías e incluso se hizo una manipulación aviesa de los procedimientos del Congreso para aprobar leyes o tomar otras decisiones de manera subrepticia.
La fuerza del número nunca es razón suficiente en una democracia. La democracia es un régimen en el que los procedimientos y las delimitaciones constitucionales al poder político son esenciales. No respetar esos procedimientos y esos límites es socavar la democracia. La ciudadanía debe permanecer, pues, vigilante ante esos peligros.
El otro ámbito grande de preocupación es el del respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía. En los años transcurridos desde la transición a la democracia se ha avanzado gradualmente en esa dirección, pero no lo suficiente. La tendencia a vulnerar esos derechos desde el poder, o la negligencia estatal en la protección de los mismos, sigue siendo un aspecto débil de nuestra democracia. Hay, por lo demás, poblaciones especialmente vulnerables a la violación de sus derechos: mujeres, pueblos indígenas, población LGBTI, niños y niñas, son algunas de esas categorías de ciudadanos especialmente descuidados, cuando no agredidos, por el poder estatal.
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