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Desde sus comienzos, nuestras instituciones para la primera infancia responden a una lógica que escinde entre “niños” a ser educados y “menores” a ser asistidos. En los últimos años hubo avances cuantitativos y cualitativos –por caso, la ley 26.206 de 2006–, pero se requiere un mayor desarrollo de políticas educativas para revertir la larga historia de desigualdad en el acceso a este nivel.
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