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En suma, ¿cómo lograr que las fuerzas armadas no se sientan sometidas al Estado de derecho sino que más bien lo entiendan como el marco necesario de acción y el objetivo último de defensa y misión? ¿Cómo lograr que las autoridades civiles comprendan la especificidad de las fuerzas armadas y logren una mejor coordinación para que éstas cumplan sus misiones con eficacia? Estas preguntas se hacen más relevantes en el contexto actual de las democracias latinoamericanas que están marcadas por lo que Rut Diamint ha llamado el “nuevo militarismo”: una nueva intervención de las fuerzas armadas en los gobiernos y en la toma de decisiones políticas, principal pero no exclusivamente en temas de seguridad pública, ya no por la fuerza sino esta vez por invitación de los gobernantes democráticamente electos.6
Para evaluar el impacto potencial impacto de este “nuevo militarismo” en las democracias constitucionales latinoamericanas no sobra recordar la historia de intervencionismo militar e inestabilidad institucional desde el momento mismo de las independencias en nuestra región.7 En efecto, la relativamente prolongada fase democrática contemporánea en la que se encuentran la mayoría de los países de la región desde fines de los setenta es una anomalía históricamente hablando. Nuestra región latinoamericana sufre de una crónica inestabilidad institucional. Un dato relevante es que el 37% de transiciones hacia y desde la democracia han ocurrido en la región a pesar de que ésta incluye menos del 10% del total de los países del mundo.