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La atmósfera está cargada de miedo en la provincia limeña de Cañete, donde residen unas 230.000 personas. Los habitantes, que hasta el 2012 vivían orgullosos del ‘boom’ de la construcción, hoy pasan sus días atemorizados por los 25 asesinatos perpetrados en los dos últimos años en sus calles.
El desarrollo del sector inmobiliario ha degenerado en la aparición de organizaciones criminales que trabajan bajo la fachada de sindicatos de obreros. Según la oficina provincial del Ministerio de Trabajo, en Cañete operan 38 de estas agrupaciones, las que se disputan el control de las obras, muchas veces a balazos.
Uno de las muertes más recientes vinculadas a estas mafias es la de Fernando Raymondi, joven periodista de la revista “Caretas”, a quien dispararon la noche del domingo 9 en su vivienda del distrito cañetano de San Vicente.
El coronel PNP en retiro Miguel Yaya Lizano, secretario técnico provincial de seguridad ciudadana de Cañete, califica a estas agrupaciones de sindicatos del crimen.
“Se trata de seudosindicatos, pues aunque están acreditados por el Ministerio de Trabajo, manejan armas de fuego, incluso metralletas mini-Uzi, así como bombas caseras”, explica el oficial en retiro.
En el Perú, la sindicalización es un derecho constitucional. Por ello, el Ministerio de Trabajo no puede negarles el permiso a las personas que cumplan los requisitos para agremiarse. Esta situación ha generado, por ejemplo, que en el distrito de Asia, que solo cuenta con una población permanente de unas 7.000 personas, existan cinco sindicatos de construcción civil.
“De los 16 distritos de Cañete, 14 tienen sindicatos de construcción. Solo en Asia, Chilca y Mala hay unos 15. Ayer mismo [el último miércoles], recibimos la solicitud para la creación de otro y por ley no podemos negarnos”, precisó una fuente de la oficina de Trabajo.
Un fiscal de Cañete que prefirió el anonimato explicó que en toda la provincia se sospecha de unas 800 personas vinculadas a actividades delictivas y que forman parte de estos sindicatos. Su aspiración sería convertirse en dirigentes para exigir cupos.
“Los dirigentes les exigen a las constructoras y a las empresas contratistas del Estado el pago de cupos para que no se paralicen las obras, que pueden ir desde la edificación de un centro comercial hasta un proyecto de irrigación. Según nuestros registros, estas coimas pueden llegar hasta S/.200.000 por cada obra”, aseguró el fiscal.