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Reducir la pobreza es un imperativo jurídico, ético, social, político y estratégico. A la urgencia de cumplir con este imperativo se suman nuevos desafíos dado el contexto, marcado por una profunda caída de la actividad en el marco de la pandemia del COVID-19. Sus efectos económicos y sociales impactarán de forma diferencial a quienes están en la pobreza.
En primer lugar, aquellas personas que se encuentran en la pobreza tienen empleos más precarios respecto al resto de la población. Tienden a trabajar más en la informalidad, en empleos independientes poco calificados, en pequeñas empresas y/o en trabajos temporales (a través de changas, por ejemplo). Esto implica que son más proclives a quedar excluidos de los sistemas de protección establecidos en el sector formal. Según el informe sobre la pobreza crónica elaborado por Gasparini et al. (2019), del 10% más vulnerable de la población solo alrededor de un tercio tiene un empleo con derecho a jubilación y/o seguro de salud y hasta un 35% declara no tener un trabajo fijo.
En segundo lugar, el cese de clases tiene efectos que pueden acentuar las inequidades frente al derecho a la educación. La escuela conforma un actor indispensable para la organización del cuidado en los hogares y el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Con el cese de las clases como medida de precaución para evitar el contagio del virus, los hogares con menos recursos se ven confrontados a mayores dificultades para conciliar la necesidad de trabajar para asegurar un ingreso con la carga adicional en tareas de cuidado. A su vez, esto también tiene implicancias en la desigualdad de género ya que, tradicionalmente, la carga de cuidado recae de forma casi exclusiva sobre las mujeres. Por otro lado, las brechas en términos de conectividad y de uso de dispositivos digitales implican mayores dificultades para que los niños/as de los sectores más vulnerables accedan de forma efectiva a estrategias alternativas para continuar los procesos de enseñanza-aprendizaje en sus hogares.
En tercer lugar, las personas en situación de pobreza viven en condiciones de hábitat precarias que dificultan el cumplimiento de las medidas de distanciamiento establecidas. Esto no solo implica el menor acceso a la conectividad a través de internet y/o la televisión, factores cruciales para sostener el tejido social en momentos de distanciamiento físico, sino que, también implica no tener acceso a bienes básicos como la red de gas y a vivir en viviendas de materiales precarios con altos niveles de hacinamiento.
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