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La Iglesia estuvo entre los grupos más opuestos a algunas de las medidas aprobadas en el Congreso. Cuando, a comienzos de 1936, la Cámara, después de suprimir el artículo que daba reconocimiento explícito al carácter mayoritario de la religión católica, decidió hablar de "orden moral" en vez de "moral cristiana", la jerarquía expidió una declaración desafiante contra "la obra demoledora" del régimen liberal, que pretendía establecer la libertad de cultos y de conciencia, junto con otras medidas igualmente inaceptables. La Iglesia anunciaba que si se aprobaba la Constitución, "ni nosotros, ni nuestro clero, ni nuestro fieles, permaneceremos inermes y pasivos". En forma simultánea el Directorio Nacional Conservador invitó a sus seguidores a la desobediencia contra una Constitución y unas leyes injustas.
A pesar de todo, la Constitución fue aprobada, aunque después de modificar muchas de las medidas que tropezaron con mayor oposición. Se dio gran significación a la declaración de la propiedad como "una función social que impone obligaciones", así como las modificaciones en el régimen de expropiaciones. En la práctica, no fueron muchos los efectos de estas normas, pues sus aspectos más novedosos nunca se desarrollaron. De mayor significación fue el reconocimiento del papel del Estado en la orientación y "racionalización" de la economía, así como los avances sociales y políticos aprobados: el reconocimiento del derecho de huelga y del derecho de las mujeres a ocupar empleos en la administración; el establecimiento del sufragio universal, sin restricciones de riqueza o alfabetismo y la incorporación de la libertad de conciencia en la Constitución. No fue una revolución, pues no era esto lo que querían sus principales promotores, Alfonso López Pumarejo, Alberto Lleras y Darío Echandía: lo que buscaban era adecuar el liberalismo a un país en desarrollo, y si no lo lograron del todo fue porque su mismo partido resultó demasiado tímido.
Más de 30 años después otro presidente liberal, Carlos Lleras Restrepo, promovió una reforma constitucional que en algunos aspectos era tan ambiciosa como la de López. La Carta había sido ya alterada: en 1944 y 45 el mismo López había promovido algunas reformas más limitadas, y en 1957 el pueblo colombiano había creado, mediante plebiscito, un sistema de gobierno compartido entre liberales y conservadores.
A diferencia del 36, cuando se partió de la idea de que lo urgente era adecuar la Constitución a la realidad social del país, ahora el eje estuvo en la necesidad de fortalecer el Estado para convertirlo en un organismo más eficiente y moderno, menos sujeto a los intereses casi profesionales de los políticos y más atento a las demandas de los sectores productivos del país. El contexto político era, en muchos aspectos, distinto. En vez de un partido de gobierno hegemónico, el presidente contaba con un apoyo mixto de liberales y conservadores, pero una parte importante del Congreso pertenecía a la oposición. En el liberalismo, Alfonso López Michelsen acaudillaba el Movimiento Revolucionario Liberal; en el conservatismo el grupo laureanista se oponía al gobierno y, para acabar de ajustar, se había formado un grupo partidario del general Gustavo Rojas Pinilla.
El escaso apoyo del Congreso marcó desde el comienzo el ritmo de avance de los proyectos de reforma. Lleras había propuesto en varias ocasiones su realización, pero prácticamente en forma simultánea con la presentación de las propuestas del gobierno, el MRL presentó un detallado proyecto, elaborado en buena parte por López y por Indalecio Liévano Aguirre. A la larga, el gobierno, bloqueado por la oposición del Congreso, solo pudo lograr la aprobación de la reforma en 1968, acogiendo buena parte de las propuestas del MRL y haciendo toda clase de concesiones a los parlamentarios, fuera de las presiones de toda índole que tuvo que ejercer el presidente.