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Como en otros servicios públicos, la privatización de la provisión de agua potable y saneamiento en gran parte del territorio argentino emerge como un caso paradigmático en más de una dimensión. La
premura de las realizaciones, la presencia decisiva de grandes transnacionales, el oportunismo empresario, la complacencia oficial frente a incumplimientos de toda índole son, entre otros, algunos de los rasgos que caracterizan el proceso durante los años noventa. Con una celeridad que casi opaca a las transferencias al capital privado, a principios de siglo, gran parte de los operadores extranjeros optaron o se vieron obligados (rescisiones contractuales y re-estatizaciones, mediante) a retirarse del país. Organismos internacionales insospechados de animadversión alguna hacia el capital privado (como el Banco Interamericano de Desarrollo), también tienden a reconocer las precariedades –e insatisfacción
social– del proceso privatizador en la Argentina. Las lecciones y enseñanzas de tal experiencia son particularmente valiosas.
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