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Cientos de miles de personas salieron a la calle en noviembre y diciembre para mostrar su descontento por las posibles medidas de austeridad. El comité que las representaba entregó al presidente Duque una lista de 13 demandas, entre ellas que el gobierno cumpliera plenamente las obligaciones contraídas en virtud del acuerdo de paz y que hiciera más para impedir los homicidios de activistas sociales y exmiembros de las FARC-EP. Las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas. Dilan Cruz, de 18 años, murió por disparos de un policía durante una protesta en Bogotá.
La violencia provocada por el conflicto armado interno en curso y por las disputas sobre el control territorial tras la firma del acuerdo de paz de 2016 causó estragos. Las principales víctimas seguían siendo los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas y los defensores y defensoras de los derechos humanos. Continuaba la preocupación ante la impunidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado y las amenazas y homicidios que sufrían los defensores y defensoras de los derechos humanos. Persistía la violencia contra las mujeres, en especial la violencia sexual.
La ausencia de autoridades del Estado y su desatención hacia los territorios controlados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) dejaron un vacío de poder en zonas históricamente disputadas por varios grupos armados por sus recursos naturales o su ubicación estratégica. Esta situación exacerbó los problemas estructurales de desigualdad, exclusión y pobreza extrema que afectaban a la mayoría de la población campesina y a las comunidades afrodescendientes e indígenas, con distinto impacto en función del género. En este contexto, en 2019 los homicidios de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos alcanzaron niveles históricos.
Información general
En marzo, el presidente Duque realizó objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Corte Constitucional rechazó las objeciones en mayo y el presidente tuvo que firmar la Ley.
En septiembre, más de 500 organizaciones sociales y ONG presentaron un informe tras el primer año del presidente Duque en el poder. Sostenían que el Estado estaba imponiendo un programa de reforma agraria, sustitución de cultivos y ayuda a las víctimas distinto al establecido en el acuerdo de paz, y que estaba reduciendo los fondos para la implementación del acuerdo. También hicieron hincapié en que el gobierno no promovía legislación para aplicar las disposiciones del acuerdo, en que sus propuestas legislativas eran contrarias a dicho acuerdo y en que estaba socavando el “Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.
El 5 de octubre, la Corte Suprema de Justicia vinculó formalmente al expresidente Álvaro Uribe con una investigación penal por fraude procesal y soborno. Días después, Álvaro Uribe acusó injustamente a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) de pagar “para manipular testigos” contra él.
En octubre, el gobierno y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos firmaron un acuerdo para renovar el mandato de la Oficina en el país.
Claudia López se convirtió en la primera mujer y la primera persona de la comunidad LGBTI elegida alcaldesa de Bogotá en las elecciones de octubre.
En noviembre, el ministro de Defensa se vio obligado a dimitir tras ser interrogado en el Congreso sobre la muerte de niños y niñas en el bombardeo de un campamento de las disidencias de las FARC-EP. El presidente Iván Duque había asegurado que el ataque era el resultado de la labor “estratégica, meticulosa, impecable” de las Fuerzas Armadas, a cuyos miembros definió como “héroes” de su país por su actuación contra una “cuadrilla de delincuentes narcoterroristas”. El ministro también fue acusado de matar a los menores de edad a sabiendas y después ocultar la información.