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Explicación:La Constitución Política de 1991 se inscribe dentro del paradigma del
Estado constitucional de derecho, ya que incorpora un tipo peculiar de
normas, las que reconocen principios y derechos fundamentales, lo que le
confiere un contenido material de gran consistencia que se irradia sobre
todo el ordenamiento e implica la subordinación de la legalidad a una
Constitución rígida, jerárquicamente supraordenada a las leyes como norma
de reconocimiento de su validez. Los cambios en la estructura de la legalidad
son de gran magnitud y se compendian en la "constitucionalización del
ordenamiento jurídico"1
, un proceso de transformación del ordenamiento
al término del cual éste resulta totalmente impregnado por las normas
constitucionales.
La pieza primordial del paradigma de Estado constitucional de derecho
son ciertas normas de la Constitución que contienen un lenguaje moral
explícito e incorporan al sistema jurídico valores sustantivos e ideales de
justicia (dignidad humana, libertad, igualdad, vida, paz, justicia, solidaridad,
respeto al pluralismo - preámbulo, art. 1 º. Const. Poi.), que antes de la
sanción de la Constitución eran principios de moral crítica o principios
axiológicos de tipo extrajurídico y que ahora han pasado, en virtud de la
constitucionalización, a ser también normas de derecho positivo de máxima
jerarquía y a constituir los criterios últimos de validez jurídica2
.