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En los últimos 25 años el Perú ha experimentado una de las mayores tasas de crecimiento económico en
la región de América Latina. Su extraordinario desempeño se ha enmarcado en un régimen de libre
mercado que le abrió las puertas a la inversión extranjera y que estimuló el dinamismo y pugnacidad de
un empresariado nativo que en décadas pasadas se le percibía adormilado, lánguido o incluso hasta no
existente. A diferencia de su conducta durante los regímenes políticos que precedieron a la apertura
económica, este empresariado privado no rehuyó los retos de la competencia. Más bien ha sido puntal,
impulsor principal del crecimiento económico del país, y también catalizador de la formación de nuevos
cuadros técnicos y gerenciales que apuntalan operaciones cada vez más sofisticadas de sus empresas. A
su vez sin embargo, el crecimiento económico del país, también durante los últimos 25 años, ha sido
acompañado por la presencia de altos índices de corrupción. Esta lacra que resta puntos al crecimiento
de la economía y que perjudica más a la población de bajos ingresos no ha amainado. Por lo contrario,
ha ido en aumento. Inevitablemente, los ejecutivos responsables por la conducción de las diversas
unidades de la empresa están expuestos a ella. Ellos conocen los costos o beneficios que la corrupción
genera, ellos reconocen sus formas y los mecanismos que la sustentan, y ellos determinan su
funcionalidad o disfuncionalidad con respecto a las metas concretas de negocios que se trazan.
La corrupción es un problema que afecta a países ricos y pobres y que desde la segunda mitad del siglo
pasado ha generado estudios por parte de investigadores de diversas disciplinas. Porque sus estudiosos
provienen principalmente de centros académicos y de investigación en países desarrollados, y porque
los costos que acarrea golpean más fuertemente a los países pobres, los estudios sobre la corrupción se
concentran más en estos últimos. Así, los politólogos la sitúan en las características concretas de los
sistemas políticos de las naciones, atribuyendo principalmente sus causas a la existencia de un “déficit
democrático” que se manifiesta, por ejemplo, en la falta de autonomía del poder judicial, en la
incapacidad del poder legislativo para controlar los impulsos del ejecutivo, en la falta de transparencia
de las instituciones públicas, en la precariedad institucional de las agencias del estado, en la falta de
mecanismos para la rendición de cuentas de la gestión pública, en la ausencia de un liderazgo ético, o en
la debilidad de los órganos de vigilancia de la sociedad civil.2 De otra parte, antropólogos y sociólogos
cuestionan la presunta universalidad de normas y conductas que en países desarrollados son calificadas
con nitidez como no corruptas; más bien, estudiosos de estas disciplinas resaltan las raíces históricas y
socio-culturales de conductas que, bajo una óptica convencional aparecerían como corruptas, pero que
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