Respuestas
Respuesta:
En las últimas décadas, en los países federales se ha venido produciendo una mutación en la forma en
que se desenvuelve la gestión pública del conjunto Nación-Provincias-Municipios, pasando de un
modelo que suele denominarse como “dual” -en donde el ámbito nacional por un lado, y las provincias
y municipios por otro, actuaban de forma independiente– a otra conocida como “federalismo
cooperativo o coordinado”, en el cual los tres niveles de Estado trabajan de manera conjunta.
Esta nueva dinámica –a la que no es ajena la creciente fragmentación y autonomía de procesos en las
sociedades subnacionales- ha introducido o potenciado instrumentos que inducen y facilitan la
cogestión de actividades y programas.
La vigencia de un federalismo de tipo cooperativo hace inevitable que se produzcan superposiciones e
interdependencias en ocasión del despliegue de la tarea de cada una de las administraciones. Asimismo,
es imposible evitar que la gestión estatal tenga un carácter farragoso y complejo, e implique un modelo
decisor con una pluralidad de actores y procesos en el cual, de manera abierta o encubierta, pueden
presentarse múltiples situaciones de veto. Como contrapartida, la articulación de actores de base
nacional, regional y local otorga al proceso de acción estatal un nivel de participación que lo fortalece
en términos de legitimidad política y social.
Para un primer abordaje a la administración pública de un país federal, y en particular del caso
argentino que se caracteriza por agudas asimetrías territoriales, suele ser práctico utilizar lo que se
conoce como el ‘principio de equiparación’. Este principio sostiene que, aunque pueden encontrarse
excepciones, si una región alcanza un desarrollo relativo en un elemento, es muy probable que tenga
ese mismo nivel de desarrollo en los restantes elementos que lo componen.
En el tema que nos ocupa, puede especularse que las regiones más rezagadas en su desarrollo
económico, tengan una situación equivalente en lo que respecta a la extensión de la cobertura de salud,
penetración de tecnologías de última generación en el sector público, calidad de funcionamiento de los
circuitos administrativos de la burocracia estatal, entre otros ejemplos. Vale remarcar que este principio
debe ser utilizado con cuidado, pues es habitual encontrar excepciones y contraejemplos
Explicación: