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Los somalíes describieron también a Human Rights Watch la implacable represión y brutalidad diarias en las zonas bajo el control de al-Shabaab. Las penas duras, notablemente las flagelaciones y las ejecuciones sumarias, que incluyen decapitaciones públicas, son un castigo habitual para aquellos que violan las leyes opresivas de los militantes o son acusados de traición. Al-Shabaab recluta por la fuerza a niños y adultos para sus tropas. Priva a los residentes en áreas bajo su control de urgente asistencia humanitaria, como alimentos y agua, e impide que huyan a zonas más seguras.
En la mayoría de los casos, el GFT no ha garantizado la seguridad básica y la protección de los derechos humanos en las áreas limitadas bajo su control, dijo Human Rights Watch. El GFT y las milicias aliadas con él han cometido graves violaciones de los derechos humanos, que incluyen casos generalizados de arrestos y detenciones arbitrarias, restricciones de la libertad de expresión y asamblea, y ataques indiscriminados con daños a la población civil.
Con frecuencia, las intervenciones de agentes externos en Somalia han sido contraproducentes y han contribuido a continuas amenazas contra la seguridad. Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas ofrecen apoyo al GFT sin hacer un esfuerzo significativo por presionar a sus líderes para que frenen los abusos. A sólo un año para finalizar el mandato del GFT, sus aliados internacionales deben asegurar el establecimiento y el cumplimiento de criterios claros en materia de derechos humanos, lo que incluye la mejora de la rendición de cuentas. Si el gobierno de transición no logra estos objetivos básicos, otros gobiernos y las Naciones Unidas deben reconsiderar su respaldo, afirmó Human Rights Watch.
En los últimos meses, la AMISOM ha adoptado medidas para minimizar las bajas civiles durante las operaciones militares. No obstante, persisten las violaciones graves a manos de sus fuerzas y no se ha exigido cuentas a los soldados responsables de ellas.
Etiopía y Kenia participan en el conflicto, ya que han movilizado unidades de sus fuerzas armadas en operaciones militares en el sur de Somalia durante 2011. También han prestado asistencia militar a las milicias que apoyan al GFT. Sin embargo, ni Etiopía ni Kenia han intentado asegurar la rendición de cuentas por los abusos cometidos por sus tropas o las milicias a las que apoyan.
Human Rights Watch reiteró su llamamiento a que se establezca de una comisión de la ONU encargada de investigar las violaciones de los derechos humanos y las leyes de la guerra cometidas por todas las partes desde el comienzo del conflicto, y se establezcan las bases para la rendición de cuentas. Human Rights Watch instó a todas las partes en conflicto en Somalia a que adopten medidas concretas para proteger a la población civil, sobre todo el cumplimiento de las medidas fundamentales destinadas a proteger a la población civil durante los ataques, y garanticen en todo momento el acceso de la asistencia humanitaria.