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La Corte Suprema intentó esta semana meterse por primera vez, y en forma sorpresiva, en algo que se volvió
moneda corriente en los tribunales de Comodoro Py durante el gobierno de Cambiemos: el armado de causas,
con pruebas dudosas, con denuncias sobre políticas de gobierno en lugar de delitos, o directamente sin
pruebas. Eligió el caso de “vialidad” o la “obra pública” que tiene en el centro a la ex presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y potencial candidata de la oposición. Es evidente que los supremos hacen política, y
cálculos, cuando toman decisiones de este tenor. También hay que decir, que era hora de que se ocuparan de
las denuncias de privación de justicia y violación de garantías que alarman desde hace tiempo a importantes
referentes de la comunidad jurídica. A la vez es imposible ignorar que la propia Corte, durante buena parte de la
administración macrista, respaldó las tropelías de los jueces federales, la catarata prisiones preventivas contra
ex funcionarios y el armado de un cronograma de juicios orales que parece diseñado para enchastrar la
campaña presidencial de este año. Política antes, política ahora
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