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Afinales de diciembre apareció una noticia de tantas de esas curiosas y de segunda fila, que me pareció inquietante. Una lotería norteamericana iba a repartir un premio de la escalofriante cifra de 314 millones de dólares. Independientemente del significado social de los juegos de azar repartidores de fortunas, lo que llama la atención de la noticia no es lo abultado de la cuantía del premio, es que ese monto supone un cambio cualitativo para el premiado.
No sólo es que represente una fortuna inmensa para sí y sus descendientes, ya fueren humanos o pets, es que el afortunado se convierte en un nuevo y real Gog, que tendrá en sus manos la varita mágica potente de todo lo que puede mover el dinero, sin tasa ni cortapisa alguna.
Ese afortunado, y aquí está lo grave, podrá actuar a su antojo, legítimamente, y con todo el derecho a hacerlo, podrá, si lo desea, incidir en los mercados de forma errática y caótica. En él no jugarán las reglas de comportamiento económico que se presumen en quien puede disponer de esas sumas de metálico, ya que carece de la dimensión del interés por el beneficio. Y surge entonces la pregunta. ¿Es legítima la existencia de poderes sin control democrático? Sean cuales fueren. En el Antiguo Régimen el poder político estaba muy cercano a los derechos patrimoniales y semejante aberración hoy nos parece inconcebible. Desde finales del siglo XVIII se ha avanzado bien poco desde el punto de vista de las construcciones teóricas respecto del control del poder, y se han seguido, más bien, soluciones prácticas con el desarrollo del sindicalismo, el sufragio universal y la intervención del Estado en la economía -harto cuestionada, por cierto-.
El poder es poder, sea donde sea donde despliegue, ya fuere político, económico, mediático. En definitiva, cualquier forma de obligar, forzar la voluntad ajena, sin contraprestación, es poder. La justificación del poder, es decir, por qué se permite por el Estado su existencia, no se deriva de la esencialidad del derecho a tener poder, como una manifestación de los derechos fundamentales individuales, porque su límite está en el derecho ajeno.
La justificación y por ende la extensión y contenido del poder tiene y debe tener una legitimación social, se justifica en cuanto es socialmente útil, en cuanto sirve a los demás, en cuanto se valora más el beneficio que la constricción.
La justificación nos lleva rápidamente al control del poder, que debe radicar en quienes lo toleran y permiten, o sea, por los ciudadanos mediante la democracia. En el mundo económico pueden darse varias vertientes de control por quienes intervienen en la producción, ya sean empresarios, trabajadores o generadores de propiedad intelectual, por los consumidores y los ciudadanos en general.
El control por los consumidores suele enmarcarse dentro de esa frase grandielocuente de la soberanía del consumidor como quien decide con libertad y compone la demanda de bienes y servicios, que hoy no basta, ya que se extiende por un lado a la garantía misma de que pueda efectivamente ser soberano en su elección, actuando con información y libertad, y por otro lado al contenido mismo de la capacidad de elección, qué y cómo quiere elegir y también participar en el proceso productivo.
Cuando nos referimos al consumidor es, claro, en el sentido más amplio, que comprende la adquisición o disfrute de bienes y servicios que no producen una satisfacción inmediata, cuales son los productos de ahorro.
El control de los ciudadanos debe darse, ya que no les es indiferente que cada agente económico haga lo que le dé la gana porque puede tener consecuencias perjudiciales para él en vivo y en muerto, a corto y largo plazo.
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Poder ejecutivo.
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En ciencia política y derecho, el poder ejecutivo es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado. Se distingue así del poder legislativo, que aprueba o deroga leyes, y del poder judicial, que las interpreta, hace respetar o invalida