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a mayoría de las experiencias integracionistas que se han desarrollado en América Latina, luego de finalizada la II Guerra Mundial, han estado centradas fundamentalmente en la creación de un sistema avanzado de libre comercio, en función de influir en el crecimiento económico de los países miembros y paralelamente propiciar una mejor inserción de éstos en el Nuevo Orden Mundial. Sin embargo, a pesar de los notables esfuerzos realizados en aras de alcanzar estos objetivos, en diversos estudios se ha podido determinar que los avances en esta materia no han sido muy alentadores,1 salvo por supuesto, algunos casos muy puntuales. Uno de los esquemas de integración en América Latina, que a principios de la década de los setenta tuvo la virtud de profundizar el proceso de integración más allá de lo estrictamente económico, fue el Pacto Andino (PA), hoy en día denominado Comunidad Andina de Naciones (CAN).2 En tal sentido, los países miembros de este bloque subregional, junto a Venezuela, comprendieron en ese entonces la imperiosa necesidad de promover y programar el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología a través de un proceso de integración que tuviese como eje central lo cultural. Por consiguiente, y sobre la base de esas premisas, en 1970 los países andinos suscriben el Convenio Andrés Bello (CAB) a efectos de darle celeridad a este proceso.
Actualmente, luego de treinta y tres años de su suscripción, el CAB ha dejado de ser un mero acuerdo de cooperación entre países, para pasar a convertirse en un organismo internacional e intergubernamental,
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