Respuestas
De acuerdo con lo que sostenían numerosos trabajos, con la aplicación de políticas descentralizadoras se construiría un Estado más abierto, democrático y eficaz. Sin embargo, quince años después de que la oleada de transferencias, de funciones que convirtieran a la Argentina en uno de los países con mayor ejecución de gasto público en los niveles subnacionales,2 la percepción de su fracaso es casi unánime.
No es interés de este trabajo aportar datos empíricos relacionados con las falencias de estos procesos; al respecto, sólo haremos mención del amplio consenso acerca de un creciente deterioro de las Administraciones Públicas y la inexistencia de rastros de mecanismos virtuosos de participación y control ciudadano que a su sombra se pensaban desatar.
En esta línea de pensamiento, en el presente trabajo centraremos nuestra atención en el análisis del herramental teórico que justificó el proceso descentralizador, buscando determinar cuáles fueron, comprendidas en esta perspectiva, sus debilidades más notorias.
Para alcanzar estos objetivos, se desarrolla, en primer lugar, una sucinta descripción del proceso descentralizar argentino y de las ventajas que, según sus defensores, presentarían estas acciones. Posteriormente, se someten a crítica estos conceptos, detallando cuáles fueron las razones por las cuales no se alcanzaron los resultados previstos. Por último, se exponen las principales conclusiones alcanzadas.
LA LÓGICA DESCENTRALIZADORA
Con una fuerza creciente, la descentralización en su doble perspectiva de tecnología administrativa y herramienta política fue ocupando, desde mediados de los años sesentas, un lugar central en las políticas de reforma del Estado.
Es de destacar que antes de ese momento, no gozó de semejante favor; más bien todo lo contrario. Es que, tal como sostiene Mayntz (1985: 2 7–28), las tendencias hacia la centralización y la descentralización son fenómenos que existen simultánea y universalmente en la historia, variando, en los diferentes periodos, la preeminencia de una sobre la otra. La centralización se justificaba a partir de considerar que los programas modernizadores eran enfrentados por fuerzas tradicionalistas que se hacían fuertes en las instancias subnacionales del Estado. Tal perspectiva es continuidad de aquella que consideraba a la aparición de la moderna Administración Pública como consecuencia de la centralización con el absolutismo monárquico que implicó la liquidación de las "descentralizaciones" feudales (Mayntz, 1985: 29).3
La ideología centralizadora empapó todas las acciones de gobierno, entre ellas la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendió a laudar en favor del Estado Nacional en todas las controversias que éste tuvo con las provincias. Hubo algunos casos extremos, como el fallo que en 1959 dirimió la jurisdicción del poder de policía sobre el agiotaje: "Si bien es incuestionable que el poder de policía corresponde a las provincias [...] no lo es menos que la ley fundamental ha otorgado al Congreso (Artículo 67° inciso 16) la facultad de proveer lo conducente a la prosperidad, el adelanto y bienestar de todas las provincias". Con esta fórmula —que aprovechaba el vocabulario genérico de la Constitución Nacional— la Corte Suprema inclinó la decisión del lado de la jurisdicción nacional, a pesar de que ella misma había sustentado que incuestionablemente era una potestad provincial (citado por Bidart Campos, 1993: 378).