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En la segunda mitad del siglo XIX, había en Argentina grandes extensiones de tierra improductiva, junto con otras pertenecientes a los indígenas.
El gobierno y los principales propietarios de tierras coincidían en la necesidad de acabar con los ataques indígenas a las propiedades e incorporar sus territorios a la producción agrícola y ganadera. Con este objetivo, durante la presidencia de N. Avellaneda (1874-1880), se organizó una expedición a lo que se denominaba “desierto”, aún cuando en él habitaban cientos de miles de personas. En 1877, el general Julio Argentino Roca, entonces ministro de Guerra, propuso expulsar a los indígenas al sur de Rio Negro.
La campaña militar culminó cuatro años después con la victoria de las fuerzas estatales. Al cabo de la misma, 14.000 indígenas habían sido sometidos y sus tierras incorporadas al territorio controlado por el gobierno nacional. La mayor parte de las nuevas tierras pasaron a ser propiedad de estancieros de la provincia de Buenos Aires; otras fueron rematadas por el gobierno o utilizadas para pagar los servicios prestados por los militares de alto rango.
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