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Las respuestas gubernamentales a los retos que comenzó a plantear la población se limitaron, en casi todos los casos, a enfrentar el problema inmediato. Nunca hubo una visión integral de desarrollo político. Sucesivos gobiernos, particularmente de 1970 en adelante, respondieron a las demandas ciudadanas sólo para salir del paso. Para éstos, lo importante no era resolver el problema sino saltar el bache. Esto explica la locura de los gobiernos de 1970 a 1982, que pretendieron resolver desafíos políticos fundamentales mediante el uso del gasto público. En lugar de confrontar y resolver el conflicto, las políticas inflacionarias tuvieron el efecto de exacerbar las demandas de la población y crear condiciones para prolongar indefinidamente de los conflictos subyacentes en la sociedad.
El México de antaño era un país de instituciones. Esas instituciones no eran democráticas ni liberales (ni se fundamentaban en un Estado de derecho), pero cumplían cabalmente su función de mantener la estabilidad política y hacer posible el desarrollo económico en aquellas épocas en que los gobiernos tuvieron una política económica coherente y adecuada, como ocurrió en los cincuenta y sesenta. El México de las últimas décadas atestiguó la erosión de esas instituciones sin que se forjara algo que las substituyera. Un gobierno tras otro se dedicó a minar la estabilidad anterior sin desarrollar el andamiaje institucional de una nueva sociedad. No es casualidad que el país llegara al inicio de los noventa en condiciones verdaderamente críticas.
De manera paralela, a partir de los ochenta, el gobierno comenzó a responder a la desafiante realidad con sus propias iniciativas. La reforma económica constituye otro poderosísimo motor de cambio. La reforma de la economía fue la bandera gubernamental para sacar al país del estancamiento, romper con los obstáculos al crecimiento que se habían hecho evidentes en los sesenta y setenta y, en última instancia, evitar el colapso del viejo orden político. Aunque orientada a transformar la economía, la reforma económica tenía un profundo sentido político. Los gobiernos de los ochenta en adelante reconocieron los riesgos a la estabilidad política que representaba el estancamiento económico; sabían bien que una población grande, creciente y caracterizada por profundas desigualdades no sería tolerante de un periodo prolongado de inflación, estancamiento y pobreza. Así, la reforma económica nació para evitar un colapso político.
Inevitablemente, las dos lógicas, la de la sociedad y la del gobierno, entraron en conflicto. La sociedad demandaba cambios en los diversos órdenes, así como el ejercicio cabal de sus derechos ciudadanos, lo que necesariamente implicaba una transformación del sistema político. El gobierno buscaba restaurar la capacidad de crecimiento de la economía justamente para mantener inalterado el orden político existente. A pesar de lo anterior, los cambios económicos promovidos por el gobierno minaron de manera inevitable el viejo orden político sin crear nuevos mecanismos de resolución de conflictos y participación ciudadana. De esta manera, al final de los ochenta los mexicanos nos encontramos con que ya no operaban con eficacia las viejas instituciones que le conferían estabilidad económica y social al país, pero que tampoco se habían creado las nuevas que harían posible darle forma y vida a la sociedad del siglo XXI.