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La pandemia de COVID-19 ha devenido una de las crisis sanitarias más graves de la Historia reciente. La rapidez de la propagación del virus y las consecuencias fatales que provoca en la salud de las personas, sumados a la limitada capacidad de respuesta de muchos de los sistemas sanitarios nacionales han movido a los respectivos gobiernos a adoptar medidas de confinamiento más o menos estrictas según lugares y momentos. Con ello se ha limitado la libertad de movimiento de las personas (todas, adultos y personas menores de edad) y la actividad económica, reduciéndola prácticamente al mantenimiento de las llamadas actividades esenciales, es decir, las que garantizaban los suministros básicos de medicamentos, productos sanitarios y alimentos a la población y poco más. Este estado casi de coma del propio Estado, necesario para frenar al máximo y lo más rápidamente al virus está teniendo y seguirá teniendo un enorme impacto en todos los ámbitos de la vida de las personas; también, y muy especialmente, en la de los niños, niñas y adolescentes.
Las diversas respuestas por parte de los Estados deben, sin embargo, tener un denominador común: los derechos humanos y, por ende, el Estado de Derecho. Lejos de decaer, resulta más necesario que nunca recordar la plena vigencia de los derechos humanos y del principio de legalidad.
El Derecho internacional de los derechos humanos contempla la posibilidad de limitar o incluso suspender el ejercicio de los derechos humanos por razones de interés público nacional de salud pública -como puede ser la actual crisis sanitaria debida a la pandemia del COVID-19, pero ha establecido claramente que esas limitaciones o restricciones deben ser las estrictamente necesarias y limitadas al mínimo indispensable, temporales, proporcionadas a la gravedad de la situación y amparadas por un marco legislativo adecuado[1]. Puesto que la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante, CDN) forma parte de los textos internacionales de derechos humanos, el análisis acerca de cómo se está llevando a cabo su concreta aplicación a las personas menores de edad debe ubicarse es ese mismo contexto.
Aunque sin duda alguna la salud pública constituye el elemento central en la actual situación de pandemia del COVID-19, la dimensión sanitaria (derecho a la salud y acceso a servicios sanitarios) no es la única que se va a ver seriamente afectada. Esta es una idea central para calibrar el grado de adecuación de la respuesta del Estado: el objetivo último es poner fin a la crisis de salud pública, pero sin olvidar los derechos humanos, en este caso, (todos) los derechos del niño.
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