El militarismo predominó en América Latina a causa de las constantes guerras civiles. Se adoptaron forma de gobierno, por lo general transitorias, que no resolvían las necesidades específicas de las jóvenes naciones. ¿A qué o a quiénes crees que se debió que no se fortalecieron la democracia en nuestros países?
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Respuesta:
El Estado no solo es la representación jurídica de la Nación o un conjunto de estructuras administrativas sino, su máxima representación política. Por eso, una de sus funciones más importantes y menos estudiadas consiste en garantizar un espacio vacío de poder estatal, una zona propiamente política, que es donde se resuelven las disputas y los conflictos entre los partidos que buscan acceder al Estado. El problema es que en América Latina, históricamente, la disputa ha tenido como protagonistas a una izquierda ideológica y a una derecha económica incapaces de dialogar o confrontar entre sí. Hoy, el riesgo es que las experiencias populistas, nacionalistas y hasta militaristas que han surgido en algunos países de la región consoliden un «Estado antipolítico» que ponga en riesgo la democracia.
A inicios del siglo XXI, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IIEE) de Londres publicaron sendos informes en los cuales se diagnosticaba un bajo nivel de desarrollo político democrático en las naciones latinoamericanas. Según el informe del BID, el panorama político en América Latina se caracteriza por la existencia de «partidos políticos débiles, apatía respecto a la democracia, un sistema judicial débil, bajos niveles de interés político y bloqueo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo». A su vez, para el IIEE, «con notables excepciones, la democracia en la mayor parte de los países de América Latina no ha respondido. Por el contrario, se ha visto asociada con la corrupción, la delincuencia y la violencia». Del mismo modo, para el IIEE existe una paradoja política: «Los mismos ciudadanos que hace 10 años derrocaron a los gobiernos militares y protagonizaron marchas, elecciones o plebiscitos, están desengañados por la corruptela y la inestabilidad social y económica». Más desalentadora fue la constatación del BID: solo 35% de los latinoamericanos, frente a 47% de los europeos, está satisfecho con la democracia.
Como todos los informes, los que estamos comentando deben ser analizados con sumo cuidado. Por ejemplo: si quienes están disconformes con la democracia lo están con el gobierno democrático en vigencia, la respuesta no puede ser considerada en absoluto antidemocrática; todo lo contrario. Si se trata de una crítica a las instituciones públicas, tampoco. Si se trata de criticar la demagogia partidista, la ineficiencia del Estado, la inoperancia de algún parlamento, la venalidad de la justicia, la autonomización de «la clase política», la corrupción de los destacamentos policiales, etc., la crítica a la democracia existente y real no solo no es antidemocrática: es parte del derecho a emitir opiniones contrarias a las del gobierno. Y ése es un ejercicio político democrático. Más problemático habría sido, en verdad, que los encuestados hubieran manifestado su acuerdo absoluto con quienes ostentan los mecanismos del poder estatal.
En cierto modo, el «economicismo» sigue siendo una impronta ideológica, no solo de las elites políticas, sino de una gran parte de las elites intelectuales de la región. En muchas ocasiones el precario desarrollo económico es esgrimido como «causa» de la insuficiencia democrática.
Son muy pocos los gobernantes latinoamericanos que logran conservar su nivel de popularidad en un plazo superior a tres años. Ese desencanto puede traducirse no solo en una crisis política, sino, lo que es mucho peor, en una crisis de la política. Si ese momento ha llegado, no tardarán en darse a conocer los caudillos encendidos y los militares mesiánicos, o ambos a la vez. En algunos países del continente ya han aparecido.
Es imposible, por supuesto, negar que todo Estado, aun hoy, en los llamados tiempos de la globalización, cuando se supone que los Estados nacionales han perdido gran parte de sus atribuciones en la gestión económica (lo que no siempre es verificable), dispone de diversos mecanismos para canalizar inversiones, distribuir ingresos y limitar las áreas de propiedad privada y pública. Pero, por muy grandes que sean las atribuciones económicas de un Estado, no debemos olvidar que éste es, antes que nada, la máxima instancia de la política. El Estado no solo es la representación jurídica de la Nación, como se enseña en las escuelas de derecho, sino que es, por sobre todo, su representación política. Y la política, lo dijo Max Weber, tiene que ver con la lucha por el poder.
El Estado es así un organismo de poder, pero es a la vez la institución que en su interior cobija aquel «vacío de poder» del que hablaba Claude Lefort, vacío fundamental para la dinámica política ya que, si no existiera, la política en tanto lucha por el poder no tendría ningún sentido.