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Respuesta:Si la Corte Constitucional y el Congreso aprueban la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tal como está, la cara de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, podría aparecer en los tarjetones de los candidatos a la presidencia en 2018. Teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó la creación del partido de las Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), las posibilidades de que los excombatientes de la guerrilla participen en política están dejando de ser remotas.
En la lista para senado también aparecen los nombres de Pablo Catatumbo (Jorge Torres), Victoria Sandino (Judith Simanca), Carlos Antonio Lozada (Julián Gallo) y Sandra Ramírez (Criselda Lobo Silva, viuda del excomandante Manuel Marulanda Vélez). En la Cámara de Representantes también fueron designados excombatientes de las Farc y no, como se pensaba, líderes de procesos regionales o voceros de la sociedad civil. En la lista están: Jairo Mechas (Reinaldo Cala Suárez), por Santander; Marco León Calarcá (Luis Alberto Albán), por Valle del Cauca; Olmedo Ruiz (Omar de Jesús Restrepo), por Antioquia y Byron Yepes (Jairo González Mora), por Bogotá.
Por el momento, las Farc tienen 10 curules aseguradas en el Congreso durante los periodos 2018-2022 y 2022-2026, por lo estipulado en los Acuerdos de Paz de La Habana. En las dos listas que presentaron, las Farc muestran un camino político a seguir. No hicieron alianzas con otros partidos y, pese a los acercamientos con la Unión Patriótica y con Marcha Patriótica, los elegidos al Congreso son excombatientes de las Farc. Con esta apuesta, aparentemente, la guerrilla quiere demostrar que sus integrantes están haciendo el tránsito a la vida política sin intermediarios.
No obstante, el éxito del proyecto político de las Farc está en entredicho. Aunque tienen varios elementos que juegan a su favor, como la personería jurídica y los recursos, existen otros, como el estigma de la guerra, que podrían dejarlos con una participación marginal en la política nacional.
¿Qué tienen a favor?
Además de la personería jurídica, el CNE ya solicitó 3.565 millones de pesos para el funcionamiento de las Farc: 1.866 millones de pesos para gastos de funcionamiento y 1.698 millones de pesos para la creación del Centro de Formación Política que tendrá las Farc. En lo acordado en La Habana, además, quedaron estipulados 7.000 millones de pesos al año para el partido de las Farc, un monto superior al que reciben otros partidos políticos. En 2016, por ejemplo, el partido de La U recibió 6.000 millones de pesos.
Como representación política, las 16 circunscripciones especiales de paz podrían ser útiles para las Farc. Iván Márquez ya hizo pública la intención de su partido de acercarse a los 16 representantes que tendrán participación en el Congreso y que, en teoría, hablarán en voz de las víctimas y los grupos sociales más golpeados durante el conflicto armado. Estos nuevos congresistas deben salir de 167 municipios vulnerables a la violencia. Como lo contamos en ¡Pacifista!, existe un interés por parte de las Bacrim para cooptar estos espacios, algo que las Farc quieren impedir.
¿Qué tienen en contra?
La sigla de las Farc está presente en el imaginario colectivo con una carga de violencia materializada en masacres, secuestros, reclutamientos, entre otros. El hecho de que sostuvieran el mismo nombre como partido político dificulta, aún más, que la resistencia por parte de un buen sector de la ciudadanía disminuya. “Las expectativas electorales son modestas porque existe una estigmatización muy alta, y no es fácil evacuarla de la noche a la mañana de la mentalidad colombiana”, dijo Medina. Esta estigmatización se agravaría con las víctimas si, por ejemplo, los excombatientes de las Farc como Timochenko participan en política sin antes haber pasado por la JEP.
Existe otro factor que puede jugar en contra de las Farc. Dentro de la lista de candidatos hay excombatientes que tienen acusaciones por delitos de lesa humanidad, por los cuales no pueden ser amnistiados. Si van al Congreso, seguramente generarán malestar y resistencia dentro de los grupos de víctimas. “Metieron en la listas a gente que tiene mucha resistencia ciudadana por los delitos que cometieron. Existía la posibilidad de que incluyeran en la listas a personas de otros grupos de la sociedad civil, lo que les podría abrir más espacios políticos. Como van las cosas, las Farc apuntan a ser un partido político marginal”, asegura Luis Trejos, politólogo de la Universidad del Norte.
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