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Respuesta:
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), esta es la región más desigual del mundo, por lo que ante una crisis, el impacto se traduce en un deterioro de las condiciones de vida de la población con mayor vulnerabilidad (CEPAL, 2019)[1]. La pandemia por la COVID-19 nos plantea una reflexión urgente sobre la relación directa entre el bienestar de las mujeres, niñas y niños y la integridad de los ecosistemas. Frente a la complejidad que implica la aplicación de medidas excepcionales para enfrentar una urgencia sanitaria que avanza de forma exponencial, se plantean desafíos extraordinarios para los sistemas sanitarios y para avanzar en la protección de los derechos humanos de las personas pero también sobre la vida cotidiana de las personas (CIDH; REDESCA, 2020) [2]
También, la emergencia sanitaria puede profundizar las desigualdades económicas, sociales, políticas ya existentes, pone en jaque la economía de los cuidados y puede incrementarse la violencia basada en género. En épocas de emergencias, las respuestas deben orientarse a la promoción, garantía y protección de los Derechos Humanos de las mujeres y personas en mayor situación de vulnerabilidad; lo cual se traduce en respeto a las libertades fundamentales y garantizando el acceso a los servicios de salud, alimentación y protección frente a la violencia contra las mujeres, en apego al principio “pro-persona” que obedece a un debido y oportuno cuidado a la población, incluyendo la salud mental (CIDH; REDESCA, 2020) [3].
Durante los últimos dos años el Programa de Apoyo a la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDS-SP) y sus aliados estratégicos (Ministerio de Ambiente (MAE), Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), Cooperación Técnica Alemana (GIZ), Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Unión Europea (UE), entre otros, han trabajado por lograr que la política pública en cambio climático cuente con consideraciones que promuevan la igualdad de género. El Programa contribuye con la promoción de información para la toma de conciencia por parte de la ciudadanía en Ecuador. Este documento está dirigido al público en general y tiene la finalidad de sensibilizar a la población frente a una realidad latente experimentada por la mitad de la población
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