que dificultaron el transporte ferroviario
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La privatización ferroviaria en Argentina fue un proceso comenzado en 1991. Tras un prolongado período de hiperinflación en la década de 1980, acompañado de un fuerte aumento del déficit fiscal y una fuerte caída en las reservas, el Gobierno argentino, bajo la presidencia de Carlos Menem a partir de 1989, inició una serie de reformas que incluían la privatización de empresas públicas de servicios (teléfono, gas, electricidad y agua), junto con toda la red ferroviaria. Este conjunto de empresas presentaba un serio déficit en la calidad de su servicio. Desde la nacionalización de los ferrocarriles[a]tanto de capital ingles como francés en 1946 y 1947 respectivamente (la entrega formal se produce el 1 de marzo de 1948), durante la presidencia de Juan Domingo Perón, la red había sido operada por la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos (FA), que abarcaba las seis divisiones relativamente independientes, los ferrocarriles Sarmiento, Mitre, Urquiza, San Martín, Belgrano y Roca. Antes de la privatización, la cual se inició en 1991, Ferrocarriles Argentinos tenía una red nacional de alrededor de 35 000 kilómetros y 92 000 empleados y un un déficit operativo de 450 millones de dólares por año (cuyo valor actualizado por inflación al 2020 es de casi 850 millones de dólares)[1]. En la práctica, la red de vías férreas existentes presentaban un gran deterioro en su infraestructura. Este escenario, combinado con la baja densidad demográfica y la creciente necesidad de recursos financieros para subsidiar su funcionamiento, hicieron de la privatización de los ferrocarriles una salida con resultados mayoritariamente positivos a la crisis que presentaba el sector.
El plan consistía en dividir la red en segmentos y otorgar concesiones a empresas privadas para su explotación mediante licitación. Los servicios de carga y de pasajeros se separaron y, ya que la mayoría de los servicios interurbanos de pasajeros presentaban necesidades de inversión y mantenimiento no sustentables para el Estado y no rentables para el sector privado, el Gobierno ofreció estas a las provincias. Los servicios de pasajeros de la ciudad de Buenos Aires, incluyendo las cinco líneas del subterráneo, eran potencialmente más viables y fueron tratados por separado
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lo que dificulto al transporte ferroviario fueron las carreteras que no estaban planas y el dinero
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