Respuestas
En biología, organismos complejos son aquellos cuyas células se diferencian y agrupan para crear estructuras especializadas. Conforman tejidos, órganos y sistemas con aptitudes para la respiración, nutrición y reproducción. En una sociedad, estructuras del Estado crecen en complejidad al punto de garantizar su propia supervivencia y multiplicación. Son un poder dentro de otro, con reglas intrincadas y sólidas, capaces de inocular fuerte antídoto a cualquier proyecto de cambio. La Policía es, en las provincias, una muestra de este tipo de organismos sociales. Posee un modelo jerárquico en el cual cada nivel se vincula a través de lazos funcionales profundos con el inmediato hacia arriba y hacia abajo en la pirámide. Y se rige por hábitos tradicionales que, en ocasiones, pesan más que las normas escritas. Las fuerzas de seguridad son el ejemplo típico, aunque no el único. También la educación y la salud públicas suelen tener niveles similares de organización autónoma e inercial. Y los partidos políticos deben a este tipo de compleja dinámica interna gran parte de la tensión superficial que los mantiene vivos a pesar de las diferencias entre sus componentes, “células” que en ocasiones son tan diferentes que podría decirse antagónicas. En Río Negro la Policía provincial se estructuró, durante los últimos veinte años, sobre la base de una relación difícil con el gobierno, que estuvo en manos de la UCR. Ese partido careció de cuadros conocedores de los vericuetos de la vida interna policial. Y la relación entre el poder político y la fuerza de seguridad osciló entre largos períodos de desdén y algunos –breves– en que se le inyectaban recursos extras como única estrategia para procurar hacerla eficiente o remediar episodios extremos de rebeldía interna, ante delitos complejos o luego de abusos o represión a sectores sociales. El desconocimiento y el temor fueron malos consejeros. Salvo excepciones, se optó por poner al frente de la fuerza a personas con altas dosis de sumisión al poder político pero baja calificación profesional. Como autodefensa, surgieron así en los niveles medios conatos de resistencia, que –en ocasiones– llegaron a establecer un “liderazgo moral” aun más fuerte que el verticalismo debido a las autoridades formales, cuando éstas no reunieron condiciones personales y profesionales de prestigio y respeto. Decenas de crímenes producto de la brutalidad o la falta de formación policial fueron el peor saldo de la época. Pero en el mismo caldo se cocinaron también unos cuantos negocios clandestinos, inacciones y encubrimientos, igualmente dañinos. El gobierno de Alberto Weretilneck comenzó mal en el tema policial. Tardó meses en tomar decisiones que separaran preventivamente del servicio a policías sospechados por las dos muertes de la represión ilegal del 17 de junio de 2010 en Bariloche y de la desaparición en noviembre del 2011 del trabajador salteño Daniel Solano en Valle Medio, sólo por nombrar los hechos más resonantes. Tampoco halló el modo de mejorar la tarea de prevención e investigación de la gran cantidad de robos –muchos de ellos violentos– que hartaron a habitantes de ciudades y campos de la provincia hasta el punto de que descreen de la capacidad institucional para poner freno a las pandillas y dejaron de denunciar los hechos, seguros de que es una molestia inútil. En cuanto a las cárceles de la provincia, siguen siendo deplorables depósitos de personas, ruinosos, denigrantes y cargados de violencia. Con el agravante de que, en lugar de profesionalizar el Servicio Penitenciario, Weretilneck derivó a ese cuerpo a contratados provenientes de otras dependencias, sin calificación ni vocación por la tarea, que se sintieron también ellos “presos” de un trabajo que no deseaban. La ecuación no tardó en empeorar el clima general y se multiplicaron los motines y los intentos de fuga, varios de ellos exitosos. El gobierno rionegrino tiene una importante oportunidad de comenzar a dar vuelta tan vergonzosa página, de la cual no es único autor pero sí actual responsable. Tanto el secretario de Seguridad Miguel Bermejo, como el jefe de Policía Ariel Gallinger y el subjefe Roberto Stupniki han conformado una masa crítica de consensos respecto de la orientación y la urgencia con que debe emprenderse una reforma policial en la provincia.