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1. Modificar la Ley de Contratos del Estado / Sector Público: Es un tema clave y extraordinariamente importante. A mi juicio la raíz de un elevadísimo porcentaje de casos donde la corrupción está presente y además sin aflorar.
2. Inspección fiscal-laboral y guerra total a la economía sumergida: Más medios de inspección fiscal y un plan específico para acabar con los altos niveles de economía sumergida de la economía española. El objetivo sería eliminar la complicidad social de la corrupción a través del fraude generalizado de una gran masa de autónomos y profesionales cuyo control escapa de las Administraciones.
3.Financiación real de los partidos políticos: Nuevas bases de financiación de los partidos políticos ampliando de forma realista los canales de una financiación transparente. Las donaciones privadas de terceros deberían ser públicas en un espacio web, limitadas en su cuantía y motivadas en cualquier caso. Control de la financiación diferida a fundaciones o terceras vías en general. Regulación orgánica y muy severas penalizaciones a partidos que incurran en falsedad, fraude o financiación ilegal.
4.Menos cargos públicos, mayor retribución y asunción de mayor responsabilidad: Reducción sustancial de cargos políticos irrelevantes e incremento sustancial de sueldos públicos con responsabilidades importantes. Compatibilizar las incompatibilidades reales con el acceso durante algún tiempo determinado a cargos públicos que proporcionen seguridad. Penalizar severamente por ley cargos no justificados. Fortalecimiento de la función pública y la igualdad de oportunidades en su acceso. Que un Presidente de Gobierno u otros altos cargos políticos tengan el máximo poder y las mayores responsabilidades obteniendo retribuciones muy inferiores al sector privado tiene muchos efectos perversos, entre ellos, el intento de acceder a ingresos extras complementarios al margen de la ley.
5.Fomentar y premiar buenas prácticas de Administración pública:Con el objetivo de que los ciudadanos valoren y premien las buenas prácticas; y los políticos y gestores públicos encuentren un rédito político a su buena gestión. Premios, reconocimientos frecuentes y otorgados por instituciones y órganos que ostenten la mayor reputación