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Respuesta:
En la mayoría de países, existe la percepción que el servicio público ha
perdido su función original de atención a los intereses generales de la sociedad.
Una de las causas de esta desatención, es originada precisamente por actos de
corrupción que involucran a funcionarios y servidores públicos, que actúan de
modo distinto a las prescripciones legales para favorecer intereses particulares a
cambio de recompensas, así como a muchas empresas o personas naturales del
sector privado que se relacionan con el Estado y son partícipes de actos ilegales.
La corrupción tiene efectos graves sobre la administración pública, dado que
distrae ingentes cantidades de recursos públicos destinados a la atención de los
servicios públicos (principalmente servicios básicos como salud, educación,
vivienda, trabajo, construcción, etc.) reduciendo el crecimiento económico y la
calidad de vida. Así, se diluye a su mínima expresión la labor del Estado como ente
promotor e impulsor de las relaciones económicas y políticas sociales.
Paralelamente, reduce la inversión interna y externa así como aumenta
considerablemente los costos de producción y comercialización. Estos aspectos
propician a su vez, la pérdida de la confianza de la ciudadanía en las instituciones
del Estado e impide el desarrollo democrático, sin contar que su tolerancia
promueve la multiplicación de malos manejos y la deshonestidad permanente en la
sociedad.
Considerando las consecuencias funestas de la corrupción en las sociedades,
actualmente existe consenso en que su combate merece urgente atención,
aplicando medidas preventivas a fin de evitar que en el futuro se repitan o generen
tales actos de corrupción; medidas de detección y revelación de actos ilícitos; y
medidas de punición con una finalidad disuasiva y ejemplificadora.
Particularmente, el Perú no se aleja de la problemática de la corrupción habiendo
cobrado en los últimos años dimensiones gravísimas que han afectado la
economía, el sistema democrático y fundamentalmente la moral nacional. En ese
contexto, se ha evidenciado tanto en el sector público como privado conductas no
acordes con los intereses generales del país, propiciando operaciones
administrativas y económicas irregulares o ilícitas.
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