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Se conoce como movimiento piquetero al movimiento de trabajadores desocupados surgido en Argentina a mediados de la década de 1990.
La denominación "piquetero" proviene del hecho de que los movimientos de desocupados principalmente tienen como forma de protesta social, la instalación de piquetes en lugares estratégicos, para imposibilitar total o parcialmente la circulación por calles, caminos o rutas.
Según Luis Oviedo, militante y dirigente del Partido Obrero, se trata de una transformación genuina del movimiento obrero y las masas explotadas en Argentina ya que nace de una necesidad vital de las masa trabajadora (no solo de los desocupados) por la lucha contra la desocupación, tomando gran dimensión en la época de Menem ante el abandono de los desocupados y de la no escucha de dichos pedidos por parte de la burocracia oficial de los sindicatos.[1]
Nacidos como una agrupación ad hoc formada para canalizar la protesta contra los despidos de trabajadores en la empresa del Estado Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF, luego absorbida en el conglomerado internacional Repsol YPF) en Cutral Có y Plaza Huincul (Neuquén), los cortes de ruta («piquetes») realizados como medio de protesta dieron su nombre a los numerosos movimientos de desempleados que se han institucionalizado progresivamente, formando la contrapartida obrera a los cacerolazos empleados por la clase media para expresar su descontento con la acción gubernamental.[cita requerida]
Los movimientos de desocupados han jugado un papel político importante en estos últimos años, trabando alianzas con los principales operadores políticos —en especial las distintas facciones del peronismo y los distintos movimientos de izquierda, lo que a la vez ha dado lugar a una cierta fragmentación de estos y a su reintroducción en las reglas del juego político tradicional argentino, en que las organizaciones de trabajadores desempeñaron un papel importante. Desde la derecha política[2] y la clase media han sido objeto de críticas a veces feroces, acusándolos de estar asociados a la delincuencia organizada y promoviendo la toma de medidas violentas contra sus manifestaciones, calificadas de «criminales».[2]