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Los esclavos se adquirían para manifestar el lujo y la riqueza de una persona pero también para
servir y trabajar. Esta era su principal función y necesariamente debían cumplirla.
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La esclavitud de los pueblos indígenas en lo que actualmente es Colombia se inició con la colonización del país por parte de los españoles a principios del siglo XVI, y con la creación del Nuevo Reino de Granada. Con el avance de las fuerzas conquistadoras los pueblos indígenas derrotados eran sometidos a la esclavitud en su condición de prisioneros de guerra como era la usanza española.1 Gonzalo Jiménez de Quesada, por ejemplo, repartió unos dieciocho millares de prisioneros conquistados entre sus capitanes y soldados.2 Este proceso continuaría sin ninguna intervención del estado o justificación legal hasta la expedición de la llamas Leyes de Burgos por la corona española, las cuales eliminaron de jure la esclavitud de los pueblos indígenas en 1512. Las condición legal de la población americana conquistada sería mejorada nuevamente por las llamadas Leyes Nuevas de 1542, que establecerían nuevas protecciones para estas gentes.
Sin embargo esto no debe interpretarse como una abolición de facto de la esclavitud de los indoamericanos. Entre los colonizadores europeos de la época surgió el aforismo «la ley se obedece, pero no se cumple» en referencia al desacato de las leyes expedidas dese Europa.3 La esclavitud de los pueblos nativos continuaría al margen de la ley, con los conquistados siendo frecuentemente sometidos a los mismos tratos por parte de los españoles.
Más allá de la práctica informal de la esclavitud, los trabajos forzosos continuarían incluso dentro del marco de la ley, con las instituciones conocidas como la mita y la encomienda. Las leyes nuevas así como las leyes de Burgos contemplaban aún el trabajo forzoso y, aunque este no fuera formalmente la misma institución de la esclavitud, materialmente no distaba mucho de la trata esclava. La mita establecía cuotas laborales que debía cumplir la población nativa a modo de tributo según asignación que hiciese el corregidor, mientras que la encomienda era una forma de clientelismo en la que los indígenas se veían obligados a retribuir a un encomendero los servicios supuestamente prestados por el mismo. El principal servicio que debía prestar el encomendero según lo contemplaba la legislación colonial era la evangelización, pero incluso en esto se veía negligencia; verbigracia hacia el siglo XVI sólo había una iglesia de encomendero de tapia en todo Santa Fe de Bogotá.4 Mientras tanto en Tunja los encomenderos no sólo descuidaban su deber de educar sino que activamente lo saboteaban, oponiéndose fuertemente a que los indígenas aprendieran a leer y escribir.4
La aplicación de Leyes Nuevas de 1542 fue suspendida y con ello su intención de dejar sin poder a los encomenderos particulares. Hacia octubre de 1545 la Ley Malina derogaría esta intención de debilitar a los encomenderos, permitiendo nuevamente a los virreyes y gobernadores el establecimiento de nuevas encomiendas.5 La encomienda no se debilitaría hasta finales del siglo XVII, tiempo en el que la mayoría de las encomiendas privadas fueron absorbidas por la corona. Para estas fechas la población indígena había sido diezmada en cantidades alarmantes, tanto por su disolución étnica como resultado del mestizaje como por los abusos de los colonizadores que cobraban sus vidas. En este sentido los requisitos para el otorgamiento de encomiendas fueron inversamente proporcionales a importancia de la misma, la figura fue reducida sólo cuando el genocidio indígena le restó relevancia.6
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