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. MEDIDAS ADOPTADAS
Durante el período en consideración fueron adoptadas las siguientes medidas, agrupadas por tipo de disposiciones o sector al cual pertenecen.
a. Promoción de inversiones. El marco jurídico general fue provisto por las leyes 14.780 y 14.781, ambas de diciembre de 1958. La ley 14.780 dispuso “equiparar los capitales extranjeros a los nacionales, cuando las inversiones se dediquen a la promoción de nuevas actividades productivas, o a la ampliación y/o perfeccionamiento de las existentes”,y la ley 14.781 “estableció el régimen destinado a crear y mantener las condiciones necesarias para dar seguridad al desarrollo integral y armónico de la producción industrial del país” [sic], para lo cual, buscando “el equilibrio del balance de pagos, el aprovechamiento de los recursos actuales y potenciales del país, la descentralización industrial, el perfeccionamiento, ampliación y diversificación de la producción industrial, la promoción tecnológica en la fabricación, y las necesidades de la defensa nacional, la salud y la seguridad pública”, facultó al Poder Ejecutivo para “liberar o imponer derechosa duaneros, suspender o limitar las importaciones, otorgar tratamiento preferencial en materias cambiaria, crediticia, de suministro de materias primas, energía, combustibles y transporte, de compras del Estado, así como eximir o desgravar impositivamente la actividad por períodos determinados”. Para lograr nuevas inversiones “arreglamos los diferendos con los grupos CADE, ANSEC, Bemberg, etc.” (Frigerio, 1964).”El acero era la primera prioridad, pero por razones de urgencia la prioridad pasó del acero al petróleo” (Frigerio, 1983). La “batalla” del petróleo se lanzó el 24 de julio de 1958. Se firmaron 13 contratos para extraer petróleo y vendérselo a YPF, a precios que oscilaron entre u$s 7,80 y u$s 12 por metro cúbico, con duraciones previstas entre 20 y 40 años, con inversiones previstas por u$s 300 M., de las cuales se concretaron aproximadamente la mitad. Hasta el 31 de julio de 1961, por cobros a YPF, las empresas que celebraron los contratos sólo habían recuperado la tercera parte de las inversiones realizadas.
Para la discusión de los contratos petroleros “nos reunimos con los negociadores americanos en lugares insólitos y a horas desacostumbradas, al punto que llegaron a creer que habíamos enloquecido… No guardamos las formas, aunque nunca quebrantamos la ley” (Sábato, 1963). Declarando ante la Comisión Especial Investigadora sobre Petróleo de la Cámara de Diputados, Frigerio (1964) aportó los siguientes datos: “durante medio siglo produjimos 30% [del petróleo que consumimos] e importamos el resto… En 60 días se firmaron los contratos, a los 6 meses se comenzó a producir petróleo, en 3 años logramos el autoabastecimiento… Sólo se entregó el 9% de las reservas comprobadas… Salvo una sola empresa, las compañías no han recuperado sus inversiones; solamente podrán reembolsarlas si la anulación de los contratos [dispuesta por el gobierno del presidente Illia] se lleva hasta las últimas consecuencias… La Banca Loeb tiene en Mendoza una producción equivalente a la de YPF, pero emplea 350 agentes, contra 2.500 de YPF… Shell y Esso participaron en el programa petrolero, cuando advirtieron que Union Oil, la Banca Loeb y la Pan American, habían resuelto participar en el programa”. El decreto 3.693/59 estableció el marco jurídico para la industria automotriz. Se instalaron 22 empresas, de tamaño muy diferente ya que en 1961 las 4 más grandes fabricaron 61% del total de unidades. Con el tiempo la competencia corrigió lo que la autoridad no hizo en el plano administrativo: en 1964 sólo producían 13 empresas, y en 1969 “apenas” 9.