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La democracia no es simplemente el gobierno de la mayoría, entre otras cosas porque la mayoría social siempre gobierna, haya o no elecciones libres.
Muchas personas tienen la idea de que la democracia consiste en el gobierno de las mayorías. Así, el papel de las elecciones democráticas sería formar una mayoría parlamentaria que sostenga la acción del gobierno. Se supone que si se dieran esas circunstancias estaríamos en un estado democrático, por contraposición a los gobiernos dictatoriales que no emanan de elecciones libres.
Aunque parezca una idea extraña, e incluso provocativa, esa percepción de la democracia es errónea. El ejemplo mas claro de esto lo constituye la experiencia del Partido Nacional Socialista alemán en la época anterior a la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho que ganó las elecciones y que Adolfo Hitler alcanzó el poder tras ese éxito electoral. Y, sin embargo, posteriormente se dedicó a exterminar judíos, comunistas y otros grupos minoritarios con ciudadanía alemana.
Es mi convicción que la democracia no es simplemente el gobierno de la mayoría, entre otras cosas porque la mayoría social siempre gobierna, haya o no elecciones libres. Un régimen tiránico, basado únicamente en la represión y el terror, sin un apoyo social más o menos amplio, es intrínsecamente inestable.
La democracia no es pues el refuerzo del gobierno de la mayoría, sino justamente lo contrario: la limitación de las posibilidades de actuación gubernamental de la mayoría social del momento.
La democracia en un sistema basado en la limitación del poder político ejecutivo, en su obligada sujeción a la legalidad, en el equilibrio del poder ejecutivo, con el legislativo y el judicial y en el respeto y promoción de las libertades públicas.
En suma, un sistema es democrático si permite la formación de gobiernos emanados de la voluntad popular y, y esto es tan importante como lo anterior, si a la vez establece límites a la acción de dicho gobierno; en particular si protege los derechos reconocidos de las minorías frente a la voluntad mayoritaria del momento.
Viene lo anterior a colación de la polémica actual sobre la legitimidad del Tribunal Constitucional para dictaminar la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña.
El argumento de que, una vez aprobado por una amplia mayoría del Parlamento Catalán y ratificado por una muy exigua mayoría en referéndum, el Tribunal Constitucional actuaría antidemocráticamente si decidiese que alguna parte del Estatuto no se ajusta a la Constitución es completamente falaz y revela una incorrecta conceptualización de lo que significa vivir en democracia.
Todos los Parlamentos están legitimados para hacer leyes, que representan la voluntad mayoritaria de los electores en esa etapa, y sin embargo en todos los casos el Tribunal Constitucional, precisamente porque vivimos en democracia, está facultado para decidir si esas leyes son viables constitucionalmente o no. Es en ese juego de poderes y no sólo en el gobierno de la mayoría donde reside la peculiaridad del régimen democrático.
Todos en democracia, gobiernos y parlamentos incluidos, están sujetos a las limitaciones que previamente se hayan establecido por la voluntad popular para regular del marco democrático.
Ningún Parlamento, ni ningún Gobierno, por legítimos que sean pueden violar, en democracia, los derechos de las minorías. Por ejemplo si en Cataluña hay personas que desean que sus hijos sean educados en Español, es su derecho Constitucional que puedan satisfacerlo.
En resumen, lejos de ser una tara antidemocrática que el Tribunal Constitucional entre a analizar las leyes y actuaciones gubernamentales, esa facultad es lo que nos permite asegurarnos de que nuestro sistema es realmente democrático.
Se ve ahora con claridad el grave error que supuso eliminar de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional la previsión del análisis previo de constitucionalidad de las leyes antes de que sean sometidas a referéndum. Es urgente restaurar ese mecanismo precoz de aseguramiento de la constitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional está en su derecho democrático de supervisar el Estatuto, incluso después del referéndum, y todos los demócratas estamos obligados a respetar sus decisiones. Por cierto que, los funcionarios o gobernantes que intimiden o presionen a los jueces, o al Tribunal Constitucional están cometiendo un delito tipificado en el código penal español, delito establecido no para diluir la democracia sino para perfeccionarla. La democracia es el gobierno de la mayoría con respeto a los derechos de las minorías
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por q es un sistema para q la gente elija