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Actualmente el 30% de los niños latinoamericanos vive en hogares de alta precariedad. Y esto va en aumento. La gran mayoría de los niños y niñas de la región vivirán en ciudades con enormes desigualdades sociales, con un medio ambiente deteriorado y un aumento de asentamientos irregulares; y aunque la mayoría de las ciudades dispone de la infraestructura necesaria para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de la infancia, estas ventajas urbanas no están ni estarán disponibles para todos.
En este marco, es de fundamental importancia analizar el fenómeno de la inequidad e impulsar acciones para abordarlo, entendiendo que equidad en la niñez significa para todo niño y niña: “igualdad de oportunidades e igualdad de alcanzar resultados similares. No se trata sólo de acceso a los servicios; es necesario contar con las condiciones adecuadas en la comunidad, la familia y la sociedad con el fin de aprovechar al máximo los recursos y servicios disponibles”.
En este sentido, referentes técnicos, sociales y académicos han apostado por poner en práctica la perspectiva de la organización Equidad para la infancia. Como resultado, se han propuesto diez recomendaciones:
Garantizar que las políticas e intervenciones incluyan explícitamente a las poblaciones excluidas y menos favorecidas, y tengan un foco central en la infancia, desde los primeros años de vida.
Priorizar enfoques comunitarios y basados en contextos sociales, en lugar de aquellos enfoques que plantean una visión de “arriba hacia abajo”.
Incorporar el enfoque de equidad en la programación y las políticas basadas en evidencia.
Impulsar la participación de las poblaciones más vulnerables, en particular de niños, niñas y jóvenes, no sólo como beneficiarios sino también como agentes de cambio social.
Invertir en estrategias inclusivas de protección social, como un componente clave de la política pública.
Priorizar en políticas y programas de reducción de la pobreza y, al mismo tiempo, involucrar estructuras macroeconómicas a través de la tributación progresiva, y profundizando las medidas contra la corrupción, las transferencias financieras ilícitas y la evasión fiscal.
Establecer respuestas y políticas integrales para toda la vida y a partir de enfoques intersectoriales que aborden privaciones multidimensionales y superpuestas.
Desarrollar metas medibles para monitorear el progreso en la reducción de las brechas de desigualdad social y económica.
Promover e incorporar un enfoque de equidad en los marcos institucionales, organizativos y políticos, más allá de lo desarrollado en temas de género en las últimas décadas.
Desarrollar una terminología coherente de los componentes clave del concepto de equidad.
Con estas bases, se hace necesario el desarrollo de intervenciones que permitan identificar y comprender los impactos de las inequidades, y que involucren la participación de la sociedad civil en procesos de contraloría social; sobre todo a partir del trabajo en contextos locales, tomando en cuenta las posibilidades de incidencia directa y entendiendo que la vida de las personas se moldea y se modifica profundamente según el lugar donde nacen, crecen, se educan y socializan.
Para esto también se requiere de mayores y mejores fuentes de información local, desagregada y confiable, que permitan construir intervenciones efectivas.
Proyectos con estas características han dado cuenta, por ejemplo, de que en algunas ciudades colombianas
más de la mitad de las muertes infantiles (60%) de menores de 5 años se habrían podido evitar, a partir de medidas dirigidas a reducir las desigualdades.
Explicación:
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