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En marzo pasado cumplió cien años el Informe sobre Putumayo, de Roger Casement, sobre los crímenes de lesa humanidad de la sociedad británica Peruvian Amazon Rubber Company, avatar del imperio comercial conocido como Casa Arana y encabezado por el cauchero y político peruano Julio César Arana del Águila.
En junio del 2012, los indígenas uitotos, ocainas, boras, bora-mirañes, muinanes, nonuyas y andokes marcarán el centenario del Blue Book on Putumayo de la Comisión Selecta de mismo nombre, publicación oficial de la Cámara de los Comunes sobre los tremendos hechos que enlutecieron la explotación peruana de la zona cauchera al norte del río Putumayo durante cuatro décadas.
Durante este bienio, las etnias victimizadas podrán reclamar más que nunca verdad, justicia y reparación moral al amparo de una memoria histórica reconstruida. También será un llamado al mea culpa de los seis países responsables de la inmisericorde explotación del indio amazónico y su etnocidio durante el boom cauchero: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. José Eustasio Rivera nos recuerda en La Vorágine (1923) la participación activa de brasileños, colombianos, peruanos y venezolanos. Manaos, sede principal de la Casa Arana, era el pulmón comercial y financiero del negocio.
Salvo por las firmas compradoras o casas en su cabeza y los siringueros indígenas y blanco-mestizos en su base, los demás eslabones de la cadena eran a la vez víctimas y victimarios.
Imperaba el “endeude” muy bien descrito por Rivera (1923) y Molano (1987): cada uno le adelanta al eslabón inferior víveres y herramientas, cobra por ellos un precio exorbitante y lo descuenta del valor irrisorio de su compra de látex. “El de abajo” queda endeudado de por vida “al de arriba”. Antes del caucho, así era con la quina, después ocurrió con carne, pescado, pieles y demás adornos exóticos.
Los caucheros colombianos instalados al norte de Putumayo caen en el engaño y se convierten en deudores de Arana, quien los exprime, expropia y, no pocas veces, ‘desaparece’, tras aprender de ellos que el lucro del negocio depende de una mano de obra esclava, generalmente indígena.
Arana supera a sus maestros en organización y ferocidad.
La Peruvian tenía sede en Londres, capital mundial del comercio, y recibía aportes brasileños y británicos. Interconectaba ríos, canales y ‘varadores’ para cuadrillar cerca de 600 millones de hectáreas del actual Amazonas e instaló más de 40 campamentos de recolección cauchera. Con el brutal concurso de 200 capataces antillanos apodados ‘racionales’, empleó el terror contra los indios esclavizados (más de 30.000 según Rivera) para que implementaran el “sistema”.
Los mayores de la líder uitoto Fany Kuiru Castro, a quien se debe en buena parte la reconstrucción de esta cruenta memoria histórica y cuyos antepasados fueron victimizados por la Casa Arana, recuerdan la masacre de 300 indígenas, quemados vivos en su maloca por la sospecha de haber “embrujado” a un socio de Arana.
Mientras explotaba al indio amazónico, la Casa Arana marchitaba su población mediante tortura y muerte, y esclavizaba laboral y sexualmente a la mujer indígena para ‘racionales’ y blancos. Los niños se convirtieron en esclavos domésticos en toda la Amazonía.
Por cuenta de la Casa murieron acaso 100.000 indios.
El último crimen de lesa humanidad de Arana ocurrió en plena guerra contra Colombia, en abril–mayo de 1933, cuando ya sabía que perdería los vastos territorios que ocupaba: desplazó masivamente hacia Perú y Brasil a casi toda la población indígena sobreviviente.
Aquella siempre fue una ocupación de hecho, como lo reconoció públicamente el gerente de la Peruvian en 1913. Ello no le impidió a Arana solicitar y recibir del Perú, en 1921, la propiedad de 577.400 hectáreas al norte de Putumayo y valerse de este título para reclamar compensación tras el conflicto binacional.
Increíblemente, Colombia aceptó el reclamo y fijó la indemnización en 200 mil dólares, cuyo saldo es pagado en 1969, un cuarto de siglo después de entrar en vigor la figura de crimen contra la humanidad mediante la Carta de Londres (1945).
Este pago, a todas luces ilegal porque desconoce el derecho de las víctimas, no obstante tipifica el leguleyismo colombiano: la titulación de Arana antecede a la firma (1922) y puesta en vigor (1927) del Tratado Lozano–Solamón que afirma la soberanía colombiana al norte del Putumayo.
Algunos tuvimos la esperanza de que la Ley de Víctimas no sólo reparara material y moralmente a las víctimas del conflicto armado, sino también moralmente a afrocolombianos e indígenas por medio milenio de crímenes contra ambos, incluidos los cometidos por la Casa Arana en nuestro territorio.