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Respuesta:
La crisis generada por el COVID-19 ha evidenciado una cadena de problemas que afectan a ambas partes: a quienes demandan el servicio educativo y a quienes lo ofrecen. En el caso de la educación escolar, la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril) ha advertido que -aproximadamente- 9 mil centros educativos privados a nivel nacional se verían forzados a cerrar a fines de abril por falta de pago[2]. Asimismo, los padres de familia han denunciado que la no reducción de pensiones escolares genera imposibilidad de cumplir con el pago de estas. La situación de los profesores y demás trabajadores también es incierta, y muchos centros educativos han optado por utilizar los remedios laborales más gravosos permitidos en el ordenamiento. Los problemas en las universidades, con una menor tasa de trabajadores a tiempo completo y mayor independencia, son aún más delicados.
En ambos casos, sin una norma imperativa de alcance general al respecto, el Estado es el gran ausente en la ecuación. En ese sentido, frente a esta gran problemática, Enfoque Derecho analizará la situación de la educación en tiempos de COVID-19, desde las ramas del derecho mercantil, civil y laboral.
Explicación:
espero que sea de ayuda...