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Luego del golpe de Estado del 4 de junio de 1943, el gobierno militar designó al coronel Juan Domingo Perón al frente del Departamento Nacional de Trabajo, por entonces una dependencia estatal de poca relevancia.
Perón la elevó al rango de Secretaría de Trabajo y Previsión y, desde allí, elaboró una vasta legislación laboral y social. Los trabajadores contaron, por primera vez, con organismos estatales a los cuales recurrir en caso de conflicto, tribunales del trabajo, estatutos que fijaban las condiciones laborales de cumplimiento obligatorio, leyes de protección, jubilaciones, vacaciones anuales pagas. El resultado de esta legislación fue el mejoramiento sustancial de la situación material y social de la población trabajadora en su conjunto.
Cuando, en octubre de 1945, Perón fue obligado a renunciar a los cargos que desempeñaba en el gobierno, debido a la presión de sus opositores tanto civiles como militares, se hizo evidente el estado de movilización en las masas obreras y en sus estructuras sindicales.
El 17 de octubre de 1945, los trabajadores convergieron sobre el centro de la ciudad de Buenos Aires y colmaron la Plaza de Mayo exigiendo la liberación del coronel Perón. Movilizaciones obreras también se produjeron en varias ciudades del interior del país.