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El 1 de noviembre de 1700 la casa de Borbón accedió al trono de España, luego de la muerte de Carlos II, el último de los Austrias españoles. Heredó la corona el duque de Anjou, nieto de Luis XIV rey de Francia, con el nombre de Felipe V. Su llegada al trono español desató de inmediato la guerra contra Austria, que objetó la legitimidad de Felipe, quien por su parte, contó con el respaldo de Francia; mientras que Inglaterra, Holanda, Portugal, Prusia y las provincias de Cataluña y Aragón, se sumaron a sus detractores. El conflicto, conocido como la guerra de Sucesión, se prolongó hasta 1713, cuando los contendientes firmaron la paz de Utrecht (Holanda), tratado que reconoció los derechos sucesorios de Felipe V, pero obligó a España a desprenderse de todas sus posesiones europeas y a permitir que Inglaterra desarrollara actividades comerciales en América.
Era evidente que España ya no era la potencia que había sido durante el siglo XVII y sólo la alianza dinástica con Francia le permitía seguir siendo considerada como una nación relativamente poderosa. Por esta razón Felipe V y sus consejeros se empeñaron en devolver a España su antiguo prestigio. Incrementaron la capacidad de las fuerzas armadas y protegieron la economía del reino de la competencia de sus enemigos. La principal debilidad de estas medidas fue que prácticamente se desentendieron de las colonias ultramarinas, cuya función continuó limitándose al aporte de recursos para financiar las campañas militares europeas y los experimentos económicos en la península. El fracaso de dicha política quedó en evidencia con la derrota española frente a Inglaterra en la guerra de los Siete Años (1756-1763), que culminó con la caída de La Habana y Manila, y obligó al rey Carlos III a reconocer la importancia estratégica de sus posesiones en el Nuevo Mundo.
El alcance de las reformas aplicadas por Carlos III en América fue mucho más profundo que las introducidas por Felipe V, debido en parte a que para su diseño los asesores del rey contaron con detallados informes sobre la realidad americana. Los consejeros de Carlos dejaron de concebir a América como un mundo dedicado exclusivamente a la minería y cuya producción debía servir de fuente de recursos para el tesoro real, sino que se empeñaron en estimular las demás actividades productivas y el comercio; mejorar el sistema de administración colonial y hacer más efectiva la autoridad de la Corona en sus dominios. En el plano administrativo, se concentraron en un ministerio todos los asuntos relativos a las Indias; se crearon los virreinatos del Río de la Plata y Nueva Granada; y se instauró el régimen de Intendencias en diversas provincias, lo que suponía el reemplazo de funcionarios criollos por peninsulares más calificados. En el ámbito económico se dispuso la aplicación de estímulos que favorecieran el desenvolvimiento de la agricultura y la minería, mientras que se comenzó lentamente a eliminar el monopolio comercial de la metrópoli sobre sus dominios americanos, aunque se reestructuró el sistema tributario a objeto de elevar sustantivamente la recaudación en las aduanas reales. En materia eclesiástica, se eliminó toda objeción respecto de la primacía de los derechos de la Corona con la expulsión de la Compañía de Jesús de los dominios de los borbones españoles. Finalmente, en el ámbito militar, las antiguas milicias fueron reemplazadas por ejércitos profesionales para cuya formación se enviaron oficiales y tropas desde Europa.
En definitiva, las reformas borbónicas cumplieron con los objetivos de dar un nuevo impulso a la economía americana, incrementar el aporte de ésta al imperio español y establecer una burocracia eficiente y leal. Sin embargo, también afectaron los intereses de las elites locales y su aplicación fue tan arbitraria, que contribuyeron a provocar un clima de resentimiento que finalmente derivó en la emancipación política de América.
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