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Respuesta:
En la actualidad existe cierto consenso que la experiencia de los ámbitos de seguridad individual
y colectiva se encuentra atravesada, a veces de forma sutil y a veces de manera abiertamente
turbadora, por fuentes de malestar generalizadas. Los procesos de cambio generados por la
modernidad (y la globalización) están intrínsecamente ligados a influencias universalizadoras y
nos inquieta el mero sentimiento de encontrarnos en medio de un oleaje masivo de
transformaciones mundiales (Giddens, 1997), que nos llevan a sentir falta de control incluso
sobre los aspectos más cercanos de la realidad, nos expone a fuerzas que no conocemos y que
agudizan los contrastes. La sociedad del riesgo es una característica de la modernidad (Beck,
1998), y la duda radical se infiltra en la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana, al menos
como fenómeno de fondo.
Sin embargo, las crisis son en cierta medida producto de representaciones sociales construidas
intersubjetivamente que les otorgan distintos grados de profundidad, extensión y temporalidad.
En un sistema expuesto a cambios continuos y profundos aparecen muchas circunstancias que
se pueden considerar de "crisis" en un sentido amplio y extendido. Además, las dificultades de
vivir en una cultura del riesgo, no significa que la inseguridad "objetiva" en la vida cotidiana sea
para todos los actores sociales mayor hoy que en épocas anteriores. La inseguridad aparece
entonces no como algo necesariamente coyuntural, sino más bien como un fenómeno de
carácter estructural, además de cíclico. Siempre hubo incertidumbres y temores, lo que
cambian son los ámbitos, las intensidades, las intencionalidades y los sujetos que viven y
perciben esas inseguridades.
Pero también existe consenso sobre el hecho que los cambios producidos sobre los sistemas
productivos y el mercado laboral conllevan situaciones de mayor inseguridad para las personas
y las sociedades. No hay dudas que el empleo se tornó menos estable, los ingresos más
esquivos, su distribución más desigual y las redes de seguridad proporcionadas por el sector
público disminuyeron. Según un estudio de la OIT entre los países que cuentan con información
como para comparar dos momentos en el tiempo (principios y mediados de los noventa), las
cifras muestran un aumento significativo del empleo "desprotegido" : de 22% a 34% en
Argentina, de 64% a 69% en Brasil, de 44% a 50% en México, del 25 al 34 en Perú (OIT,
1999). De este modo, hay claridad sobre la pérdida de derechos económicos y sociales para
una proporción importante de la población.
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