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La educación es
un derecho social y la principal herramienta para el desarrollo de las personas
y el crecimiento integral de la sociedad. El acceso equitativo y con igualdad de
oportunidades de estudiantes con talento y esfuerzo, que no cuentan con los
recursos económicos para ingresar y desarrollar sus estudios en la Educación
Superior (ES), debiera ser un objetivo del país. Por supuesto, como toda
política pública, debe ser bien analizada e implementada de manera gradual y en
los tiempos adecuados.
Lamentablemente, en los anuncios de la gratuidad ha habido improvisación,
confusión e incertidumbre. Desde hace varios meses hemos manifestado nuestra preocupación por el
avance del tiempo y la falta de definiciones en una materia de tanta relevancia
para los estudiantes, sus familias y el país. Nos preocupa no conocer el marco de referencia de esta política pública. Es crucial conocer las normas de su implementación, el respeto por la
autonomía e ideario institucional, por la libertad académica y el desarrollo
curricular de las instituciones, la variedad de las diferentes formas de
gobierno universitario que se va a estimular y la manera de participación de la
comunidad universitaria.
Es fundamental por otra parte, asegurar la mantención de los beneficios y becas
de los estudiantes que no entren en esta política de gratuidad. Hay que exigir el cumplimiento por
parte del estado de sus obligaciones económicas, ya que este año ha existido
más de cuatro meses de retraso en el pago de los beneficios estudiantiles, lo
que afecta gravemente el presupuesto, en especial de las instituciones públicas
regionales. Se debe estimular el
crecimiento del sistema universitario de calidad y evitar las restricciones que
mantengan la calidad actual por unos años, pero que sin embargo en el futuro
cercano pueden significar el deterioro de lo que se ha logrado con el esfuerzo
de las diferentes comunidades académicas.
Debido a las restricciones económicas y a la dificultad actual para avanzar en
gratuidad más allá del 70 % de los estudiantes vulnerables, es el momento de
volver a analizar la implementación de un sistema de créditos para los
estudiantes sin gratuidad, con cero interés y un pago atingente al ingreso”,
puntualizó. Debe ser entendida como
una manera de asegurar el acceso a la formación integral de los jóvenes, en un
ambiente de aseguramiento de la calidad, con mayor equidad en el acceso y
respeto a la libertad de ideario y enseñanza de las instituciones. Comprender estos elementos
involucrados en la gratuidad, va a asegurar una política pública bien
implementada, con apoyo ciudadano y un impacto significativo en el desarrollo
integral de los estudiantes. El país
lo requiere y lo espera.
niñahaste:
graciaz !!
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