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Se aplicará prisión de dos a seis años al extranjero o nacional mexicano que, en forma hablada o escrita, o por cualquier otro medio, realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturben el orden público o afecten la soberanía del Estado mexicano.
Se perturba el orden público cuando los actos determinados en el párrafo anterior tiendan a producir rebelión, sedición, asonada o motín. Se afecta la soberanía nacional cuando dichos actos ponen en peligro la integridad territorial de la República, obstaculicen el funcionamiento de sus instituciones legítimas o propaguen el desacato de parte de los nacionales mexicanos a sus deberes cívicos.
Se aplicará prisión de seis a diez años al extranjero o nacional mexicano que, en cualquier forma, realice actos de cualquier naturaleza que preparen material o moralmente la invasión del territorio nacional, o la sumisión del país a cualquier gobierno extranjero.
Cuando el sentenciado en el caso de los párrafos anteriores sea un extranjero, las penas a las que antes se ha hecho referencia se aplicarán sin perjuicio de la facultad que concede al presidente de la República el artículo 33 de la Constitución.
En la teoría, este artículo estaba previsto para evitar la expansión del fascismo frente a los actos de la así llamada Acción Revolucionaria Mexicanista (llamados también los Camisas Doradas) y la Unión Nacional Sinarquista, que en los años 30 y 40 hacían revueltas, mítines reaccionarios y peleas callejeras tanto contra trabajadores y sindicatos como contra la policía y el gobierno mexicano. Ejemplo de ello fue la manifestación del 20 de noviembre de 1936, cuando los Camisas Doradas intentaron tomar el Zócalo para demostrar su fuerza al desfilar encuadrados de forma militar.
La manifestación fue frustrada por el Partido Comunista (de corte estalinista y fiel a su postura de hacer un Frente Popular con el cardenismo) y fuerzas sindicales allegadas al entonces PRM (hoy PRI), pero para evitar situaciones de semejante índole, el entonces presidente Ávila Camacho presentó ante el congreso la propuesta de ley del Delito de Disolución Social, misma que sería aprobada en octubre de ese año y promulgada el 14 de noviembre de 1941.
En los hechos, este artículo se siguió usando después de la Segunda Guerra Mundial para reprimir y encarcelar a los disidentes políticos y aquellos obreros, estudiantes e intelectuales que impulsaran la independencia política de los trabajadores frente al Estado y cuestionaran el orden priísta, mientras que ninguna persona de tendencia fascista sería procesada por éste.
Como suele suceder, las restricciones a las libertades que la democracia burguesa pretende garantizar son aplicadas contra el movimiento obrero y no contra los grupos reaccionarios, ejemplo de ello fueron los dirigentes ferrocarrileros Demetrio Vallejo y Valentín Campa, quienes fueron arrestados tras la huelga ferrocarrilera de 1959 por impulsar fracciones disidentes a las del PRI en el sindicato ferrocarrilero. Los disidentes por lo general eran enviados al "Palacio Negro" de Lecumberri, edificio de la era porfiriana donde se recluía a los criminales peligrosos. Los movimientos populares más avanzados exigirían la derogación de este artículo debido a la saña con que eran reprimidos en su nombre.
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que podian pasar cosas malas por dialogar
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