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El motor que impulsa la deforestación en la Amazonia es la explotación de su inmensa riqueza. Encabezando la desaparición de masa forestal encontramos la conversión del terreno en plantaciones agrícolas o en zonas de pastoreo, la construcción de carreteras, la extracción maderera, las actividades mineras o la especulación agraria, todas ellas, en muchas ocasiones, realizadas de manera ilegal o, cuando menos, irregular. Desde los años 90, los protagonistas de la deforestación han sido la expansión de terrenos para la cría de ganado y para plantaciones de soja y aceite de palma.
El peso de la ganadería como aliciente para la eliminación de selva es particularmente importante en Brasil. Se calcula que el 80% de la deforestación en la Amazonia brasileña ha tenido como objetivo la expansión de pasturas, hecho que responde tanto a patrones internos como externos: a pesar de que tan solo una cuarta parte de la producción de carne de res se destina al mercado internacional, Brasil es, junto a Estados Unidos, el principal exportador de carne del mundo.
Vinculado a la industria de productos animales encontramos el segundo factor que está alimentando la desaparición de la Amazonia: la soja. El boom del consumo de carne y de productos derivados de animales en Europa, Estados Unidos y China ha convertido esta selva tropical, particularmente la zona brasileña, en la plantación de soja de los países desarrollados. Así, la soja se ha convertido en la principal exportación de Brasil, cuyo principal empleo es como pienso animal. China se ha convertido en el mayor mercado de la soja latinoamericana —así como de carne de res y cuero—, seguida de Europa: más de la mitad de los 46,8 millones de toneladas de soja y derivados importados por Europa en 2016 procedían de América Latina, especialmente de Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia.
La explotación económica del Amazonas está, además, salpicada de irregularidades. Los madereros de Brasil disponen de un sistema para sortear la ley y conseguir que la madera talada ilegalmente llegue a los mercados internacionales, y en Perú el número de canteras ilegales ha aumentado más de un 400% en las dos últimas décadas. La implementación de la ley —cuando la hay— se ve obstaculizada por la enorme extensión de la selva, las limitadas capacidades de control, la debilidad de las instituciones medioambientales, el poder de las mafias locales y la corrupción política.
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