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Respuesta:El principio de igualdad ante la ley, referida a los campos jurídico y político. Es decir, para el liberalismo todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. ... La libertad de cultos y la separación del Estado y la iglesia en un Estado laico.
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Respuesta:
“El individualismo extremo” es contrario al “bien común”. Los liberales entendemos la necesidad de la cooperación para lograr nuestros objetivos personales. Mi colega, Tom Palmer, señala que los individuos “en realidad nunca pueden ser auto-suficientes, precisamente esta es la razón por la cual debemos tener reglas para hacer que la cooperación sea posible”. El estado hace cumplir esas reglas. El riesgo, no obstante, es que las reglas demasiado extensas produzcan, no un bien común, sino más bien una fachada para un sistema de favores especiales que asegure el trato especial para aquellos que están políticamente conectados, a cuesta de otros. El individualismo, en cambio, promueve el bien común, espontáneamente, siempre y cuando no haya un poder imponente que suprima las acciones escogidas libremente.
La creencia de que “cada hombre vela por lo suyo” es incompatible con la preocupación por los pobres”. Desde una perspectiva ética, puede que sea moralmente correcto ayudar a los pobres; pero en una sociedad completamente libre deberíamos tener el derecho político de no hacerlo. Dicho de otra forma, una teoría de justicia no siempre es consistente con una teoría política. Uno puede condenar la mala conducta sin apoderar al estado para que este tome acciones remediales. Si, la caridad es una virtud. Pero la caridad forzada por el estado es una contradicción de términos —un acto político que niega la verdadera caridad, que debe ser voluntaria, no coaccionada.
Resulta que la evidencia demuestra de manera conclusiva que más riqueza, incluso más abundancia para los pobres, es un subproducto de la libertad individual.
La intervención estatal a veces es necesaria —por ejemplo, “para prevenir monopolios”. Los liberales no se oponen a regulaciones de seguridad razonables, a los límites sensatos a las libertades individuales para fortalecer la seguridad nacional, o incluso a los controles selectivos de armas. Además, reconocemos que los mercados no son perfectos. Pero el estado tampoco lo es. La comparación adecuada no es la libertad “sin restricciones” versus un mundo perfectamente administrado. En cambio, la comparación relevante son los mercados libres versus la realidad de la intervención estatal. Sin duda, el estado ocasionalmente hace cosas buenas. Pero la ecuación no está completa sin considerar las cosas malas que inevitablemente acompañan a lo bueno.
Con respecto a los monopolios, las verdaderas barreras a la empresa económica provienen de la mal conducta estatal, no del poder privado. La legislación de intereses especiales y los regímenes regulatorios mal concebidos protegen a los productores existentes de la competencia. Las licencias exclusivas para los rivales privilegiados alimentan monopolios a cuesta del público. Los beneficios tributarios, subsidios, garantías y préstamos con dedicatoria; o los aranceles y cuotas para proteger a las empresas domésticas de las importaciones extranjeras, producen el mismo tipo de ambiente anti-competitivo que las leyes anti-monopolio se supone que deben combatir. Las corporaciones se aprovechan de la ley —asociándose con miembros del congreso, sus trabajadores, y las mejores empresas de cabildeo que el dinero puede comprar. Muchas veces, esa es la consecuencia práctica de la intervención estatal.
El “aislacionismo” no puede ir de la mano con nuestra “obligación de ayudar a las naciones más débiles”. Paradójicamente, los conservadores, quienes son justamente escépticos acerca de la eficacia del estado en cuestiones domésticas, están ansiosos de aprobar un rol más expansivo para el estado en el extranjero, en nombre de la grandeza nacional. Incluso después de Vietnam, Irak, y de nuestra guerra sin fin en Afganistán, los intervencionistas están obsesionados con la exportación de la democracia —urgiendo respuestas militares a crisis que algunas veces son imaginarias. El resultado ha sido guerras imperiales, vidas perdidas y la transferencia de riqueza hacia dictadores corruptos. Esa no es una política exterior que un liberal pueda respaldar.
El matrimonio entre personas del mismo sexo y la legalización de las drogas están en conflicto con “principios verdaderamente conservadores”. Es agradable terminar con un punto en el que estamos de acuerdo. La posición liberal acerca del matrimonio homosexual y de la legalización de las drogas es, de hecho, liberal, no conservadora —aún cuando nuestra posición respecto de asuntos fiscales es conservadora, no social demócrata. ¿Significa esto que los liberales somos filosóficamente inconsistentes? No, esto significa que los conservadores y los social demócratas lo son. Los conservadores quieren un estado menos intruso en la esfera fiscal, pero aceptan un estado más intruso cuando se trata de construir imperios y regular la conducta personal. Los social demócratas quieren menos restricciones estatales en la esfera social, pero aceptan límites estrictos sobre la libertad económica.
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