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Una de las políticas que caracterizó al Gobierno de Ramón J. Velásquez, presidente de la República electo por el Congreso en al año 1993, fue convertir la descentralización en una política nacional.
Por tanto una de sus primeras decisiones fue designar un ministro de Estado para la descentralización. Además creó la Comisión nacional para la descentralización y el consejo territorial de Gobierno, con el fin de regular las relaciones intergubernamentales y profundizar el proceso de en el ámbito local junto a gobernadores y alcaldes.
Además, creó el fondo intergubernamental para la descentralización, con el objetivo de crear un mecanismo de financiamiento.
Vale mencionar que mediante decreto-Ley, en 1993 se estableció el Impuesto Al Valor Agregado, vía Ley Habilitante.
Además se estableció el FIDES para administrar los recursos provenientes del IVA, el cual estaba adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores. La idea del fondo era apoyar administrativa y financieramente el proceso de descentralización.
En su lucha por su principal política, desarrolló varios reglamentos para su aplicación, entre ellos algunos mencionados anteriormente y otros como para la : desconcentración de atribuciones en materia de transporte, nombramiento de directores de las dependencias de los ministerios en los estados, creación del consejo de gobiernos del Área Metropolitana de Caracas, transferencias a los estados de los servicios de salud pública.
También fue creador de la Ley de Protección al Consumidor sobre encomienda a los gobernadores y alcaldes en cuanto a las atribuciones de fiscalización y control de precios.
"Narcoindulto". El Gobierno de Velásquez fue opacado por el llamado "narcoindulto" a Larry Tovar Acuña, caso en el que la secretaria del expresidente obtuvo de forma irregular la firma del presidente para dejar en libertad al narcotraficante, representante del cartel de Medellín en Venezuela.
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