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En este artículo se abordan dos estudios de caso vinculados con una problemática agraria reconfigurada por las políticas de conservación del paradigma del desarrollo sustentable. La Selva Lacandona y la Sierra Madre de Chiapas en México son escenarios que comparten un problema central: el decreto de un Área Natural Protegida (ANP) como obstáculo para acceder legalmente a la tierra. Es así como el reparto agrario, propio del Estado mexicano que se implementó desde 1917 a 1992, se redimensiona en su encuentro con políticas de conservación propias del paradigma del desarrollo sustentable, en un marco visiblemente supranacional. La etapa del reparto agrario en México correspondía a la visión del Estado nación desarrollista moderno, basada en la creencia de un territorio vasto con recursos ilimitados que era necesario “nacionalizar” -explotar y controlar- para facilitar la participación en el comercio internacional. Sin embargo, la coyuntura provocada por la crisis ambiental y el surgimiento del actual paradigma de la sustentabilidad reconfiguraron la naturaleza como un bien escaso y en crisis.
México fue llamado a unirse a los esfuerzos internacionales de conservación de la naturaleza y a partir de 1980 se empezaron a sentar las bases de lo que Carabias, De la Maza y Provencio (2008) llaman “una política ambiental moderna” en el país. Tras la Cumbre de Río en 1992 se observó un fuerte impulso a la conservación, sobre todo en la creación de ANP. Y como una coincidencia conveniente, ese mismo año se anunció en México el fin oficial del reparto agrario con la reforma del artículo 27 constitucional.
A través de la creación de ANP, regiones que hasta hace poco eran consideradas periféricas y “despobladas” por el gobierno central, ahora se encuentran en una intersección de leyes, esquemas de gobernanza e intereses económicos que compiten para que su visión sobre el territorio prevalezca en estos espacios de conservación. Convenios y directrices internacionales respaldan una reconcentración del poder del Estado y favorecen posicionamientos institucionales “cómodos”, que bajo esquemas de impartición de justicia duales -a favor o en contra- dan lugar a “desenmarques” de carácter legal en torno a “la distribución, la representación y el reconocimiento” (Fraser, 2008) del ciudadano adscrito a un Estado nación.
Con información obtenida de historias de vida, entrevistas semiestructuradas, observación participante y revisiones documentales, se hace un análisis desde una perspectiva de justicia ambiental. Este enfoque reconoce el carácter cada vez más global de los marcos de justicia, así como de las propias injusticias, por lo que es considerado un “proyecto abierto de geografía” (Blanchon, Moreau y Veyret, 2009:36), que asocia las preocupaciones de justicia social con las ambientales de una manera diferenciada, y pugna por el reconocimiento de un Estado de derecho historizado que responda a contextos específicos y vigentes en los que se actualizan formas de segregación.
La Reforma Agraria en México
Más de setenta años de reparto de tierras a través de una Reforma Agraria transformaron profundamente México. Hoy en día, 29 729 ejidos y 2393 comunidades agrarias cubren el 51% de la superficie nacional (Registro Agrario Nacional, 2017) e incorporan el 60.9% de los bosques y selvas ( Torres Rojo y Callejas, 2015). Todos estos núcleos agrarios se organizan, en diversos grados, según la Ley Agraria con tintes de usos y costumbres.