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A lo largo de los tres siglos que necesitó el capitalismo para consolidarse como sistema hegemónico -en el sentido gramsciano-, se fue imponiendo la ley de la oferta y la demanda, en detrimento de los gremios medievales, que durante siglos impidieron la competencia. Y cambió el significado social del dinero, que ganó un protagonismo central al tiempo que, progresivamente, se justificó el cobro de interés, que había sido condenado durante siglos. Los sistemas políticos europeos se tomaron más en serio la libertad que la igualdad y la fraternidad, de la tríada de valores de 1789 (liberté, égalité, fraternité), y la propiedad privada se erigió en el valor supremo de las constituciones, mientras se expandían por Europa las ideas de Adam Smith y John Locke.
El Estado, en su concepción moderna, apareció como garante último de la reproducción del capital como eje ordenador de la sociedad; aunque, eso sí, no exento de tensiones y contradicciones, pues los estados europeos debían -y deben- sostener simultáneamente dos instituciones contradictorias: la acumulación creciente de la riqueza económica y el mantenimiento, al menos formal, de la democracia política.
El engranaje capitalista estaba en marcha, pero su despegue sólo fue posible con la Revolución Industrial, que comenzó en la Inglaterra del siglo XVIII y se profundizó y expandió el siglo siguiente, sobre todo, desde el momento en que comenzaron a utilizarse los combustibles fósiles (Fernández Durán y González Reyes, 2014). La ingente cantidad de energía que éstos proveían, junto al desarrollo tecnológico, permitió el abaratamiento de los procesos productivos y la expansión de la industria y, con ello, del consumo. Entre los siglos XVIII y XIX, Europa y Estados Unidos asistieron a un espectacula
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