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El 3 de enero de 1837 un grupo de jefes y oficiales del ejército chileno se rebeló contra el gobierno en la ciudad de Quillota. Se oponían a formar parte de la expedición que debía viajar a Perú para destruir la Confederación Perú-Boliviana, creada recientemente por el general Andrés de Santa Cruz. De acuerdo con el acta de los sublevados, no se justificaba una guerra cuando todavía existían “medios incruentos de transacción” y, según el ministro Diego Portales, menos aun cuando esta campaña surgía de la voluntad de un solo hombre, quien, a juicio de los rebeldes, “no ha consultado otros intereses que los que halagan sus fines particulares y su ambición sin límites”.1
A los pocos años de concluida la guerra, en uno de los primeros textos dedicados al conflicto, José Miguel de la Barra (1851, p. 4) aseguraba que la destrucción de la Confederación había sido necesidad imprescindible para la conservación de Chile y la defensa de sus propios derechos como los de los Estados hermanos, lo que reproducía el discurso oficialista de la prensa de la época.
El debate historiográfico sobre la guerra se inauguró cuando Benjamín Vicuña Mackenna (El Ferrocarril, 26 de diciembre de 1878) comentó la obra del historiador Gonzalo Bulnes dedicada al conflicto. Bulnes era hijo del general que triunfó en la guerra contra la Confederación, y que luego fue presidente de Chile entre 1841 y 1851. En su trabajo, Gonzalo Bulnes (1876), siguiendo la argumentación de Portales, justificaba la obra del padre y la necesidad de emprender una guerra. Vicuña Mackenna, en respuesta a esta obra, abrió el debate sobre si la causa de la guerra habría sido comercial o no.
Gonzalo Bulnes (1876) realizó una completa cronología de las circunstancias políticas que permitieron a Andrés de Santa Cruz lograr el control de Perú, aprovechando las disputas caudillistas entre Luis José Orbegoso, Felipe Salaverry y Agustín Gamarra. Con ello destacaba la compleja relación entre ambos países: “El trigo chileno pagaba una fuerte contribución en las aduanas peruanas; i el azúcar del Perú estaba recargada en Chile con pesadas gabelas […]. La fanega de trigo chileno pagaba 3 pesos de introducción en las aduanas del Callao, lo que añadido a los gastos de transporte, desembarco, almacenaje, etc. sobrepasaban el valor de la mercadería” (Bulnes, 1876, pp. 199-200).
Las relaciones comerciales, que parecían haberse conciliado con la redacción de un tratado firmado el 20 de enero de 1835, se volvieron a complicar luego de las luchas políticas en que se vio envuelto Perú entre 1835 y 1836. Orbegoso, apoyado por Santa Cruz, desconoció el acuerdo. Según Bulnes (1876), su actuar se explicaba porque “viéndose vencedor y seguro, creyó inútil seguir guardando las apariencias de una falsa amistad y prefirió tomar actitud francamente hostil contra Chile, anulando el tratado” (p. 213). Por su parte, en Chile, Portales fue quien comprendió, a juicio del mismo Bulnes, la gravedad de la situación creada y consideró que ni la Confederación ni Santa Cruz eran garantía de paz.