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Las corporaciones que se formaron a lo largo del periodo novohispano gozaban de distintas facultades en función de sus privilegios, que podían ser de gobierno, económicas o en materia contenciosa, las cuales podían modificarse a lo largo del tiempo. Para que las corporaciones pudieran ejecutar sus facultades disponían de constituciones e instituciones que regulaban su actuación, es decir, de un conjunto de reglas bajo las cuales sus miembros eran reclutados, se organizaban, designaban a sus representantes, establecían fechas de verificación de cuentas y elecciones. Generalmente estas corporaciones detentaban un gobierno propio que les confería cierta autonomía, pero en su conjunto estaban unificadas por una cultura jurídica dada por la monarquía. El acercamiento a esta perspectiva historiográfica plantea sopesar la importancia de los derechos particulares, no tan sólo en relación con los cuerpos que los detentan, sino también con el concierto político del que formaban parte.
Explicación:
Las sociedades hispanas estaban conformadas por corporaciones que incluían a un grupo de individuos con intereses comunes. Éstas, al constituirse adquirían personalidad jurídica y, con ello se les otorgaban privilegios que eran compartidos entre sus miembros y, a la vez, marcaban diferencias con otras, lo que conformó una sociedad jerarquizada y basada en el principio de la desigualdad. Estos privilegios eran prerrogativas concedidas por el monarca a un individuo, o grupo – en función de los méritos logrados o por realizar –, respecto de otro. El hecho de recibir un privilegio evidencia un mutuo reconocimiento entre el monarca y sus súbditos, donde los servicios prestados y la recompensa obtenida son fundamentales en la relación entre quien otorga y el que recibe.