Respuestas
Respuesta:
Ahora ya no pasa tanto, pero había una época en la que sacábamos, más o menos, un cuerpo por semana del río”. La observación se hace livianamente, casi como si fuera una obviedad. El sol incendia las pieles en este mediodía de enero y el curso de agua oficia de espejo: del calor, de lo que la argentinidad le arroja, de la argentinidad misma.
Las máquinas que trabajan por limpiarlo no pasan desapercibidas. Sacan de su cauce neumáticos, botellas, sillones. Otros días, pueden incluso avistarse, entre las garras que extraen aquello que le es ajeno, electrodomésticos (grandes y pequeños) e incluso autos.
El río devuelve a quien lo mira la imagen de lo que es. Y este señala con su dedo acusador la inmundicia y desidia en cada uno, y los bemoles de palabras que nunca se materializan en acciones, de discursos y voluntades políticas que nunca tendrán su correlato en la realidad. Porque este río no es otro que el Riachuelo.
De los 1000 días a los 10 años
“En 1995 vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”, había anticipado María Julia Alsogaray, entonces Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, el 4 de enero de 1993. Así manifestaba la famosa promesa de los 1000 días. Pero, al concluir las presidencias menemistas, estas palabras eran aún solo palabras, y 2001 hizo que la contaminación del Riachuelo se diluyera entre los problemas económicos y sociales que tuvieron sede en el país.
No obstante, algo rescató del olvido a este curso de agua que se extiende por 64 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 14 municipios bonaerenses. Se trata de la demanda que presentó un grupo de vecinos, en 2004, contra el Estado nacional, la provincia, la Ciudad y 44 empresas, reclamando la recomposición del ambiente y la creación de un fondo para financiar su saneamiento, así como un resarcimiento económico por daños y perjuicios. Este fue el inicio de lo que se conoce como la Causa Mendoza.
El fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia en respuesta, a mediados de 2008, fue histórico: determinó la responsabilidad que correspondía a cada nivel estatal en la prevención y recomposición del daño ambiental, al tiempo que especificó quiénes deberían llevar a cabo las acciones y obras de saneamiento, y su plazo. Por otra parte, y en el marco de esta causa, dos años antes, la Ley 26.168 dio origen a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional que conjuga el trabajo con los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio en cuestión y en cuyos hombros recayeron las mayores responsabilidades del caso.
A poco de cumplirse una década de aquel fallo –las bodas de aluminio serán a mediados de este 2018–, la pregunta se vuelve inevitable: ¿pudo este torcer la historia de un cauce (y las poblaciones que viven a sus márgenes) relegado a la contaminación y al olvido?
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Ahora ya no pasa tanto, pero había una época en la que sacábamos, más o menos, un cuerpo por semana del río”. La observación se hace livianamente, casi como si fuera una obviedad. El sol incendia las pieles en este mediodía de enero y el curso de agua oficia de espejo: del calor, de lo que la argentinidad le arroja, de la argentinidad misma.
Las máquinas que trabajan por limpiarlo no pasan desapercibidas. Sacan de su cauce neumáticos, botellas, sillones. Otros días, pueden incluso avistarse, entre las garras que extraen aquello que le es ajeno, electrodomésticos (grandes y pequeños) e incluso autos.
El río devuelve a quien lo mira la imagen de lo que es. Y este señala con su dedo acusador la inmundicia y desidia en cada uno, y los bemoles de palabras que nunca se materializan en acciones, de discursos y voluntades políticas que nunca tendrán su correlato en la realidad. Porque este río no es otro que el Riachuelo.
De los 1000 días a los 10 años
“En 1995 vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”, había anticipado María Julia Alsogaray, entonces Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, el 4 de enero de 1993. Así manifestaba la famosa promesa de los 1000 días. Pero, al concluir las presidencias menemistas, estas palabras eran aún solo palabras, y 2001 hizo que la contaminación del Riachuelo se diluyera entre los problemas económicos y sociales que tuvieron sede en el país.
No obstante, algo rescató del olvido a este curso de agua que se extiende por 64 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 14 municipios bonaerenses. Se trata de la demanda que presentó un grupo de vecinos, en 2004, contra el Estado nacional, la provincia, la Ciudad y 44 empresas, reclamando la recomposición del ambiente y la creación de un fondo para financiar su saneamiento, así como un resarcimiento económico por daños y perjuicios. Este fue el inicio de lo que se conoce como la Causa Mendoza.
El fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia en respuesta, a mediados de 2008, fue histórico: determinó la responsabilidad que correspondía a cada nivel estatal en la prevención y recomposición del daño ambiental, al tiempo que especificó quiénes deberían llevar a cabo las acciones y obras de saneamiento, y su plazo. Por otra parte, y en el marco de esta causa, dos años antes, la Ley 26.168 dio origen a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional que conjuga el trabajo con los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio en cuestión y en cuyos hombros recayeron las mayores responsabilidades del caso.
A poco de cumplirse una década de aquel fallo –las bodas de aluminio serán a mediados de este 2018–, la pregunta se vuelve inevitable: ¿pudo este torcer la historia de un cauce (y las poblaciones que viven a sus márgenes) relegado a la contaminación y al olvido?
Explicación: